Representantes de afectados extremeños de la cooperativa Mercambaso acompañados de miembros del Campamento Dignidad de Mérida han pedido al delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, que busque una "solución" para sus problemas que, según consideran, podría pasar por el hecho de que se "zanje" la deuda contraída o por la "suspensión" de la acción que "impide" que cobren los subsidios por desempleo.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press el representante del Campamento Dignidad de Mérida, Manuel Cañada, después de participar en la delegación del Gobierno en Badajoz en este encuentro en el que, según ha matizado, Germán López Iglesias "se ha comprometido" a "plantear" al Ministerio de Trabajo la posibilidad de "buscar una solución" para los afectados, 456 personas en Extremadura, que viven una situación "muy dramática en muchos casos", de un total de unas 900 en toda España.

Cañada ha indicado que el "origen" de los problemas de esta cooperativa de venta ambulante con sede social en Mérida que trabajaba con personas de Extremadura, Asturias, y Madrid es "un fraude que produjeron" sus "responsables", que son "a los que se les tiene que pedir la responsabilidad", y ha agregado que la cooperativa "no tenía un funcionamiento real" y "no vendía mercancía de mercadillos", sino que "daban de alta a la gente para completar los periodos que le permitían cobrar el subsidio (por desempleo)".

Ha añadido, respecto a esta cooperativa, que la Inspección de Trabajo "en su momento levantó un acta" de que "había habido un fraude en cuanto a que a estos trabajadores se les había dado de alta como trabajadores asalariados, cuando en la práctica se les tenía que haber dado de alta como cooperativistas".

"Uno de los problemas que están teniendo es que, como la Inspección de Trabajo considera que eran empresarios y no trabajadores, dice que la deuda que se ha ido contrayendo se tiene que asumir solidariamente como si fueran cooperativistas todos", ha señalado Manuel Cañada, quien ha expuesto que "lo que no se puede hacer" es "pretender" que "tengan que pagar el pato" la gente a la cual "se le engañó", dado que "ha participado de ese fraude" pero "no era consciente" del mismo.

De esta forma, ha lamentado que, actualmente, "se les retiene" o "se les quita el dinero del subsidio que se les concede" o "no se les concede", por lo que tienen "ingresos mínimos" o "no tienen ningún tipo de ingresos", además de tener "cegados todos los caminos para poder tenerlos".

Ante ello, ha defendido que "de la misma manera que no se puede embargar el salario mínimo, aquí se está embargando en la práctica el subsidio de desempleo" y ha abogado por que "en todo caso tenían que requerirles que se les descontara la parte proporcional que les correspondería de esos subsidios en función del número de días que estuvieron contratados fraudulentamente" pero "no toda la prestación".

Campamento dignidad mérida

Cañada también ha recalcado que el Campamento Dignidad de Mérida apoya a este colectivo de afectados y está "sirviendo de cauce de organización" y de "respuesta" a estas personas puesto que, desde dicha plataforma, están abordando "muchos problemas que tienen que ver con los derechos sociales".

Ha agregado que el caso de Mercambaso "es uno más" porque "tiene que ver, en definitiva, con la garantía de que la gente tenga un ingreso mínimo para poder sobrevivir" y ha avanzado que se mantendrán reuniones de los afectados "con la idea de contribuir a que se busque una solución al problema".

Dicha solución, considera, "tendrá que venir por la vía tanto de que se zanje esa deuda, como por otras vías también intermedias en cuanto a la suspensión inmediata de esta acción del INEM que impide que la gente cobre los subsidios".

Finalmente ha lamentado que se trata de "una situación de emergencia social" puesto que los afectados son "familias que no tienen para comer" que "no pueden estar sin el cobro del subsidio" que, en algunos casos, está "congelado", en otros lo "deniegan" o en otros "conceden" este tipo de prestaciones "pero se quedan con todo el dinero".

"Hay una cosa que es evidente que 450 personas, ni mucho menos 900, no se ponen de acuerdo para hacer un fraude, ¿aquí de pedir la responsabilidad a quién hay que pedírsela? A los socios fundadores y a la dirección de esa cooperativa", ha concluido Manuel Cañada, que se ha preguntado "dónde estaban los controles administrativos" y ha sostenido que "eso ha tenido que contar necesariamente o con la negligencia o con la incapacidad, la ineptitud, de los niveles administrativos".