El exconsejero de Educación del Princpado. durante el Gobierno del socialista Vicente Álvarez Areces, firmó facturas por importe de 1.297.682 euros "a sabiendas de que tales facturas eran ficticias", según las investigaciones del juez Sorando.

Así se desprende del Auto del magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo sobre la investigación del llamado Caso Marea, un presunto caso de corrupción en el seno del Gobierno de Asturias cando Vicente Álvarez Areces estaba al frente del ejecutivo.

El juez sostiene en su escrito que de las presentes actuaciones se desprende que existen suficientes indicios de que el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, "abusando de su cargo y con la colaboración de la Directora General de Planificación, Centros e Infraestructuras de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, y previo concierto con los representantes de las empresas Igrafo y Almacenes Pumarin dispensaba de forma habitual y sistemática desde hace años un trato de favor a las mismas, haciendo gestiones para que se les adjudicaran continuamente obras y servicios públicos".

Y añade "no sólo de los contratos menores de adjudicación directa sino incluso de los de cuantía superior, simulando en éstos la concurrencia de empresas a través del mecanismo de hacer figurar como que existían tres ofertas, cuando en realidad eran todas de empresas vinculadas con los grupos empresariales de los otros acusados, y esto lo hacía a cambio de recibir favores como viajes y gastos de hotel por importe de 5.685,13 euros.

Y de que Igrafo "corriera con gastos de la empresa de su mujer y su hijo por 146.158,57 euros (sin contar el IVA). Y Almacenes Pumarín con gastos de la empresa de su hijo por un importe de al menos 220.349 euros.