Una pareja condenada por construir una casa ilegal en Alcalá la derriba antes del juicio

Una pareja que ha sido condenada a tres meses de cárcel por construir de manera ilegal una casa de ladrillo de 45 metros cuadrados en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha procedido a demoler lo construido antes de la celebración del juicio, anticipándose de este modo a la decisión del juez en cuestión.

Una pareja que ha sido condenada a tres meses de cárcel por construir de manera ilegal una casa de ladrillo de 45 metros cuadrados en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha procedido a demoler lo construido antes de la celebración del juicio, anticipándose de este modo a la decisión del juez en cuestión.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de lo Penal número 1 de Sevilla considera probado que los dos acusados, J.V.T. y A.S.H., adquirieron en febrero de 2005 una participación de una finca, en concreto una parcela de 2.000 metros cuadrados, en el paraje 'Cortijuelos de Clarevot' de Alcalá de Guadaíra.

La finca estaba vallada para su uso exclusivo, "si bien se formalizó del modo indicado a fin de eludir la expresa prohibición de dividir fincas por debajo de la unidad mínima de cultivo".

El juez dice que la parcela se encuentra ubicada en suelo no urbanizable común, según el PGOU de la localidad aprobado en marzo de 1994, que prohíbe obras de construcción que provengan de una parcelación ilegal, así como en ese paraje las vinculadas al uso residencial.

No obstante, y "pese a saber que no podían hacerlo y sin solicitar licencia municipal", los imputados volvieron a dividir la finca en tres partes y en una de ellas se encontraban terminando de edificar una casa de ladrillo de 45 metros cuadrados a fecha de 3 de marzo de 2007, edificación que contaba ya con suministro de agua.

El magistrado asevera que dichas obras "no son autorizables o legalizables según el planeamiento".

Los imputados procedieron a demoler la construcción ilegal con anterioridad al acto del juicio, que no llegó a celebrarse tras aceptar y reconocer los acusados los hechos.

Por todo ello, el juez los condena a tres meses de prisión y al pago de 720 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio.

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