El fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Jesús Dolz Lago, ha considerado este viernes, en Santander, un "despropósito" que la legislación omita las pruebas científicas y periciales derivadas de los laboratorios oficiales.

Así lo ha manifestado Dolz en la conferencia que ha impartido en el marco del encuentro 'Policía Científica: De la escena del crimen al Tribunal de Justicia', que se ha impartido a lo largo de esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El fiscal, que ha intervenido para exponer su visión sobre el valor probatorio del peritaje forense de los laboratorios científicos oficiales, ha opinado que en el "borrador del código procesal" que hay "en ciernes" le ha alarmado "mucho" el hecho de que "no haya ningún tipo de referencia a las pruebas periciales derivadas de los laboratorios oficiales".

Para Dolz, las reformas de las leyes de enjuiciamiento criminal "deben hacerse en profundidad y para dar más garantías a los ciudadanos, no menos". Y es que, en su opinión, "olvidarse de la prueba científica de los laboratorios oficiales, es un despropósito", ha declarado.

Además, ha bromeado con la entrada en vigor de esta norma, y ha expresado su deseo de que eso no ocurra "en los siglos sucesivos", puesto que "de un plumazo, deja de responder a las exigencias tanto constitucionales, como del país".

"La labor de los peritos y de la policía científica es esencial en la labor de los tribunales", ha aseverado Dolz, puesto que "si no se da una estrecha relación de los expertos con los tribunales, no se dará una correcta apreciación de la prueba científica".

En este sentido, Dolz ha subrayado el valor de la prueba científica "como símbolo de modernidad, y debe ser la gran apuesta de la investigación penal, en este siglo y en los venideros". Además, en palabras de Dolz, "las pruebas científicas dan una gran dosis de acierto, aun siendo conscientes de los márgenes de error".

Pérdida de confianza

Por otro lado, Dolz ha considerado "lógico" que la ciudadanía desconfíe de que una Fiscalía, cuyo fiscal general haya sido nombrado por el Gobierno, pueda depurar responsabilidades penales de miembros del Gobierno.

"Yo creo que lo más correcto es que al fiscal general lo nombren las Cortes Generales con mayoría parlamentaria, para que, con esa dependencia, pueda investigar a quien sea, miembros del gobierno, o de la oposición", ha opinado.

Así, el fiscal ha manifestado su deseo de que su profesión tenga "autonomía", dado que el acceso a sus puestos se produce a través de sistemas objetivos, aunque se encuentren dentro de una estructura jerárquica.