Siete de los diez procesados por integrar una red acusada de organizar travesías en patera desde el Magreb para inmigrantes, a quienes, una vez en tierra, vendían documentos falsos para regularizar su situación a través de la obtención de permisos de trabajo y residencia han aceptado penas individuales de entre tres años y un año de cárcel después de que el fiscal rebajase por dilaciones indebidas las condenas interesadas provisionalmente. Mientras, tres de los acusados se han sometido a un juicio ha quedado visto para sentencia este viernes.

El principal implicado, N.B., en prisión por estos hechos y con residencia en Málaga, ha admitido ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería que se dedicó entre 2007 y 2008 a organizar y facilitar la entrada en el país de ciudadanos marroquíes a los que cobraba diferentes cantidades de dinero. Para ello, solía contactar con compatriotas que ya habitaban en España y les ofrecía sus servicios para traer a familiares.

En la costa marroquí, un hermano suyo, no procesado, se encargaba de la logística de la travesía mientras que él cobraba el dinero y encargaba a un tercero que recogiera a los inmigrantes una vez arribaban a la costa para ocultarlos de la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y facilitarles la estancia.

En noviembre de 2007, una de sus pateras con 28 personas a bordo, entre ellos un sobrino menor de edad, fue interceptada en aguas de Cádiz. N.B., quien enfrentaba ocho años de prisión como autor de un delito contra los ciudadanos extranjeros, ha mostrado conformidad con la pena de tres años de cárcel.

Los otros seis acusados, quienes han reconocido su pertenencia a un trama para la regularización de la situación de inmigrantes por procedimientos irregulares, han aceptado penas de 24 meses de cárcel frente a los dos años que interesaba inicialmente el Ministerio Público.

En concreto, el fiscal recogía en su escrito de calificación que el procesado H.F, su compañera sentimental S.S., A.F. y M.A. se pusieron de acuerdo para obtener dinero mediante la confección "falaz" de la documentación exigida por la legislación española para obtener la regularización en las oficinas de extranjería.

Así, M.A., que figuraba dado de alta como empresa autónoma de jardinería y limpieza en El Ejido (Almería), facilitaba la realización de los contratos de trabajo sin base real a nombre de distintas personas que figuraban como sus empleados.

Él, junto a H.F., se dedicaban a captar inmigrantes, los empadronaban en el domicilio que el último compartía con S.F. en la barriada de El Alquián y les ofrecían los documentos a cambio de alrededor de 3.600 euros, según consta en la declaración que han prestado en instrucción dos testigos protegidos. En concreto, a ambos les vendieron expedientes médicos falsos del Hospital de Poniente y un contrato de trabajo que elaboraban mediante el uso de equipos informáticos e impresoras de inyección de tinta.

Por emplear el mismo "modus operandi" para enriquecerse, ya que a ninguno le consta otra ocupación que esta, han sido condenados A.F., S.F y S.K., un hombre y dos mujeres. Confeccionaban documentos como nóminas y permisos de conducir a cambio de dinero. En el momento de su detención, a S.F. y a S.K. se les intervino dos bolsas de basura llenas de este tipo de papeles.

Fraude a la seguridad social

La vista oral, en la que estaba personada como acusación particular la Tesorería de la Seguridad Social, sí se ha celebrado para los acusados Y.F., propietario de un locutorio; H.B. y D.C.C., cuyas defensas solicitan la libre absolución por no haber quedado acreditada su participación en la trama y por desacuerdo en la calificación de los hechos como falsedad documental ya que se trataría, en el caso del último de los acusados, según sostienen, de contratos "simulados". Han solicitado, asimismo, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.

El fiscal, durante el trámite de informes, ha elevado a definitiva su petición de dos años de cárcel para cada uno de los tres al estimar acreditado que cometieron los hechos imputados en virtud de las intervenciones telefónicas que obra en la causa, la prueba documental y el testimonio de los testigos protegidos.

Según ha mantenido, Y.F. regentaba un locutorio en el que se intervinieron 80 pasaportes y 82 personas de residencia mientras que D.C.B., de nacionalidad española, figuraba como administrador único de cuatro mercantiles con sede social en Balanegra.

Según ha resaltado tanto el Ministerio Público como la letrada de la Tesorería de la Seguridad Social, D.C.B. creó las empresas con la intención "falaz" de ofertar contratos de trabajo a inmigrantes que ellos adquirían por diversas cantidades de dinero. En total, presentó un total de 165 expedientes ante la Oficina de Extranjería de los que 122 fueron rechazados por la administración al no cumplir los requisitos recogidos por la ley.