La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, ha reconocido este viernes que si ha habido un "cambio de postura" del Gobierno de la Nación respecto al decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía se debe a la "sinrazón" en la que está "instalada el bipartito" con esta norma que, para los 'populares', "no tiene alcance ninguno para solucionar los problemas de vivienda que atraviesan las familias en situación de vulnerabilidad" y, además, sobrepasa las competencias de la propia comunidad.

De este modo se ha pronunciado Martínez, en declaraciones a Europa Press, después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo central va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) —previo informe urgente encargado al Consejo de Estado— este decreto andaluz que, entre otras medidas, prevé la expropiación temporal del uso de la vivienda en casos de urgencia social y de la que ya se han beneficiado siete familias en la comunidad.

La 'popular' ha considerado "lógico" este anuncio en tanto en cuanto el PP-A ha presentado un total de 82 enmiendas al decreto y PSOE-A e IULV-CA han impedido que se apruebe ninguna de ellas. "Nosotros hemos intentado cambiarlo y plantear un modelo alternativo para que no haya dudas jurídicas y para que sea efectivo, pero de las hasta 82 enmiendas que hicimos no se nos ha aceptado ninguna", ha censurado Martínez, quien también ha rechazado que el decreto se haya convertido al final en un "decretazo" al no tramitarse como decreto-ley en el Parlamento autonómico.

Así, ha insistido en que, "tal y como está concebido en este momento, el decreto va más allá de en lo que la propia comunidad tiene competencias" y, por tanto, desde el PP-A se espera que el Consejo de Estado dé el visto bueno a la presentación de dicho recurso ante el Constitucional.

Cuestionada sobre el porqué del cambio de postura del PP-A sobre el decreto —su secretario general, José Luis Sanz, dijo tras su aprobación que a PSOE e IU les había "salido el tiro por la culata" porque el Gobierno no había respondido a su "provocación" y que no iba a "perder el tiempo que le pudiera dedicar" a dicho recurso—, la vicesecretaria de Territorio ha atribuido dicho giro a que, pese a que su partido ha hecho todo lo posible por "mejorar" el decreto vía enmiendas, éstas no han sido aceptadas por el "bipartito", al que acusa de negarse a "aplicar" las medidas antidesahucios del Ejecutivo central solo por "confrontar" con el PP y hacer con las familias más vulnerables de la comunidad "una bandera ideológica contra el Gobierno y contra Europa".

"No nos ha sorprendido (el anuncio del recurso) porque estábamos trabajando en ese sentido, en que se garantizara el cumplimiento de la función social de la vivienda pero dentro de las propias competencias de la comunidad, no extralimitándose a ellas", ha argumentado al respecto.

Tras insistir en que la Junta está "utilizando" a las familias afectadas por los desahucios de manera "partidista", ha instado al Gobierno autonómico a dejar de aplicar su decreto y a "sumarse" a las medidas antidesahucios del Ejecutivo central —"que son más efectivas"— y, en su caso, a "complementarlas". "Pero nunca asumiendo competencias que no le son propias", ha remachado.

De otro lado, el PP-A, desde su cuenta oficial de Twitter, ha valorado que con este recurso ante el TC "el Gobierno sitúa de nuevo a Andalucía en Europa" y, además, le dan "la mejor ayuda" a la comunidad al entender que el decreto de la Junta "era un obstáculo al desarrollo".

Este anuncio del Ejecutivo de Mariano Rajoy se produce después de que el pasado lunes 24 de junio la Comisión Europea (CE) considerara que el decreto antidesahucios de la Junta puede afectar "negativamente" a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica.