La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha obligado al Gobierno valenciano a entregar a Compromís el informe de Price Waterhouse sobre la situación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), "en el que el gobierno del PP se basó para realizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del ente", según ha apuntado la coalición en un comunicado.

El tribunal considera en la sentencia, consultada por Europa Press, que con la denegación a la entrega de la documentación se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos y a acceder con igualdad a las funciones y cargos públicos, establecidos en el artículo 23 de la Constitución, por lo que anula la decisión y ordena que el informe se ponga a disposición de los diputados de Compromís, cuya entrega se deberá realizar en un término máximo de 20 días una vez notificado el fallo.

De esta forma, la sala, que impone las costas a la Generalitat, estima el recurso interpuesto por Compromís contra la resolución de diciembre de 2011 de la entonces consellera de presidencia y vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, que alegaba frente a la petición de documentación de la coalición que el informe elaborado por Price Waterhouse sobre RTVV era de "trabajo" y de "carácter interno".

Compromís consideraba que esta decisión vulneraba el derecho a la participación en los asuntos públicos, que ninguno de los documentos afectaba a datos propios de terceros distintos de la Generalitat y que era arbitraria por no contener una explicación de la denegación. Por su parte, la Generalitat se opuso al alegar que los diputados de la coalición no habían seguido la vía procedimiental que establece el reglamento de las Corts y reiteraba que era un documento interno mientras que el fiscal se mostró proclive a anular el acuerdo.

Entre los argumentos para anular el acuerdo del Consell, el TSJCV indica que "no se indica el lugar donde el ordenamiento jurídico dice que los documentos de trabajo de uso interno (...), no son accesibles para los miembros de las Corts Valencianes".

"Aún suponiendo que el Derecho estableciese que los documentos de trabajo interno que posee la Generalitat no son accesibles si median circunstancias como las que se alegan en este caso, habría sido necesario, de nuevo, probar" que su publicación puede perjudicar la estrategia empresarial de RTVV, indica la sala.

Así, sostiene que ni el informe emitido por el entonces director general de RTVV, José López Jaraba, —que sostenía que en este documento se basa una estrategia empresarial cuya publicidad perjudicaría al ente— ni en el de contestación a la demanda "hay referencia alguna (hechos determinantes) que acredite lo que lo sostiene".

CONTRATOS

El fallo del TSJCV, fechado el pasado 19 de junio, se declara también a favor de la coalición en la solicitud de la relación de contratos eventuales de RTVV en el momento en que se formuló la petición, el 14 de noviembre de 2011.

En este caso, la respuesta del Gobierno valenciano afirmaba que esta información se encuentra en la web de RTVV. Sin embargo, el TSJCV estima que "quien ha de probar que los datos en cuestión se encontraban —en el mes de diciembre de 2011— a la mano —de los solicitantes—, sin que exista necesidad de que los mismos les sean entregados por parte de la Generalitat, es el ente público. "La prueba no existe en el proceso", añade la sentencia.

El TSJCV recuerda que, además de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional que dan pretensión a la invalidez jurídica del acuerdo del Consell, el Tribunal de Justicia de la UE señala que la transparencia de los poderes públicos "mejora la democracia y constituye una condición jurídica ineludible para el ejercicio efectivo, por los ciudadanos, de sus derechos efectivos".

"golpe muy duro"

En un comunicado, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado que esta sentencia "es un golpe muy duro al gobierno del PP ya que les dice que no pueden seguir actuando de la manera impune que están actuando ocultando información a la oposición".

"Esta sentencia es una evidencia más de que la falta de transparencia y el abuso de poder que supone no permitir que los diputados de la oposición podamos controlar al gobierno es la causa de que en este país tengamos una corrupción tan generalizada vinculada al PP", ha agregado.

Oltra ha apuntado que están tratando, con estas demandas, "el oscurantismo, la falta de transparencia y el abuso de poder por parte del PP".

Además, ha destacado que esta sentencia "se suma a otras dictadas por el TSJCV contra la opacidad del gobierno del PP", como la de abril de 2011 en la que el Tribunal "obligaba al Consell a entregar a Compromís la relación de contratos menores con la trama Gürtel, que fue recurrida por el gobierno valenciano y que el Tribunal Supremo confirmó el pasado mes de marzo".