La Consejería de Justicia e Interior ha abonado otros 3,4 millones a los abogados andaluces por los servicios de justicia gratuita certificados este año por los letrados, que se suman a otra cuantía igual sufragada el mes pasado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por el turno de oficio prestado por los más de 7.000 letrados de la comunidad a finales del pasado año.

La Consejería culmina así el abono de los primeros servicios que los colegios de abogados han certificado este año y que corresponden al cuarto trimestre de 2012, con lo que cumple el trámite habitual de gestionar durante el nuevo año los trabajos realizados en el turno de oficio una vez son justificados por los propios letrados, ha destacado en una nota el departamento de Emilio de Llera.

El coste del último trimestre del pasado año asciende a un total de 6,8 millones, una cuantía con la que la Junta ya ha completado todo el pago el turno de oficio correspondiente al pasado año. Igualmente, la Consejería de Justicia e Interior tiene previsto abonar en el mes de julio 834.000 a los procuradores andaluces, después de que este colectivo haya certificado este año los últimos servicios prestados en el cuarto trimestre de 2012.

Este abono da continuidad al esfuerzo que viene realizando la Consejería y que permitió, durante el primer trimestre de este*año, sufragar todo*el turno de oficio prestado y certificado hasta esa fecha correspondiente al año 2012. El siguiente paso será afrontar el pago del primer trimestre de 2013, que están certificando los letrados desde e pasado mes de abril.

La Consejería de Justicia e Interior continúa avanzando en estos pagos que está afrontando con "la mayor celeridad posible" pese a las dificultades económicas actuales, tal y como ha quedado demostrado durante el último año con la aportación de 38,4 millones a abogados y procuradores por la prestación de este servicio.

Este avance, fruto también del diálogo y acuerdo con el Consejo Andaluz de Abogados, ha permitido a la Junta ponerse al día con estos profesionales y superar los retrasos y pagos pendientes acumulados en los años anteriores.

Según la Consejería, este abono pone de manifiesto que la justicia gratuita "es una prioridad" para el Gobierno andaluz, situando la atención a sus pagos en la primera línea de los servicios a garantizar en la difícil coyuntura económica actual.

El respaldo económico al programa de asistencia jurídica gratuita garantiza un servicio fundamental como es la defensa ante los tribunales para aquellas personas que no disponen de recursos económicos suficientes para ello, beneficiando durante el pasado año a más de 300.000 andaluces.