El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha solicitado por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta y a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que resuelvan las solicitudes para ayudas de acción social anteriores al 23 de junio de 2011 y se diriman responsabilidades por incumplir la Ley 30/1992, puesto que dichas ayudas se han "erradicado", de forma que, de no resolverse, el sindicato "se reserva el derecho de emprender acciones legales para defender los derechos del colectivo funcionarial".

En una nota, el SAF pide que se esclarezca "si ha habido negligencia por los titulares del órgano administrativo responsable de la tramitación de estos expedientes, por el injustificado" y muy perjudicial retraso de las ayudas, ya que de haberse tramitado dichos expedientes en plazo, se habrían realizado los pagos antes de la entrada en vigor del Decreto Ley que los suspendía".

Ha recordado que el Decreto Ley 1/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta "suspendió la convocatoria y concesión de ayudas derivadas del concepto de acción social", pero precisa que estas ayudas "llevan sin abonarse desde 2010".

Por ello, SAF considera que las ayudas de acción social correspondientes al año 2010, "deberían haber sido abonadas, ya que no lo fueron por incumplimiento de la propia Junta, que dejó transcurrir el plazo que su propia normativa establecía para su tramitación y abono".

La orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública que aprobó el reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de la Administración de la Junta establece que "el plazo máximo de resolución y publicación de las ayudas sometidas a convocatoria, será, en virtud de lo establecido, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, de doce meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar solicitudes fijado en cada convocatoria". "Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcurridos los referidos plazos máximos, sin dictarse y notificarse o, en su caso, publicarse la misma, se entenderán, en base a lo dispuesto en el artículo 42 del citado texto legal, desestimadas las solicitudes de ayudas, por silencio administrativo", ha agregado.

El SAF ha explicado que la convocatoria para ayudas de acción social se efectuó por resolución de 28 de julio de 2010 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

En BOJA de 5 de octubre de 2011 se publicaron los listados de las personas que habían solicitado la ayuda de acción social de estudios y debían aportar la documentación específica para esta modalidad de ayuda y las que tenían alguna exclusión general. Precisa que "ya en estas fechas había transcurrido sobradamente el plazo de resolución normativamente establecido, por lo que, en teoría, debería considerarse desestimada por silencio administrativo la totalidad de la convocatoria de ayudas de acción social del año 2010".

De ello, según el SAF, "se deduce que la Administración de la Junta, violó tanto su propia normativa, el plazo establecido para resolver la convocatoria, como la Constitución, en cuanto al sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho, así como el derecho a una buena Administración reconocido por el Estatuto de Autonomía para Andalucía".

"Una vez más, los funcionarios de la Junta de Andalucía son vapuleados y discriminados", ha agregado el sindicato, que considera "una total injusticia" que el Gobierno andaluz "lleve a cabo medidas, inexistentes en el resto de comunidades autónomas, como los recortes en la paga extra y la supresión de la acción social, ayudas sin abonar desde 2010, para mantener a los 25.000 externos de la Administración paralela".

Considera que "es una actitud desafiante y dictatorial que castiga a los funcionarios públicos y premia al personal que no ha accedido a la Administración por los procesos regladamente establecidos".