Los dos miembros de la auditora KPMG que coordinaron el informe realizado en diciembre de 2009 a petición de la Xunta sobre el resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, Carlos Trevijano y Francisco Gibert, han negado este jueves haber recibido "indicaciones" del Gobierno gallego de "si el resultado tenía que ser uno u otro" y han considerado que "el principal causante" del fracaso de la operación fue "la crisis", que derivó en cambios normativos que tuvieron un "impacto relevante".

Así lo han dicho en su comparecencia ante la comisión sobre las cajas que se desarrolla en el Parlamento gallego, en la que han reivindicado la "independencia" de su trabajo, que han insistido que se realizó con una metodología "robusta" que era "conocida" por el Banco de España.

Así, han sostenido que el objetivo no era "certificar la imagen fiel" de los números de las entidades, sino hacer "una proyección a futuro", en la que "no entraba en si se podían hacer otros modelos de integración" diferentes a la unión de las cajas gallegas ni "en los pros y los contras". El trabajo, "hecho a medida" en el sentido de que combinaron varias técnicas de trabajo para cumplir los objetivos y los plazos, se desarrolló en el mes de diciembre de 2009 y las conclusiones se presentaron en enero de 2010.

El encargo de la Xunta, ha puntualizado Trevijano, planteaba la pregunta de si el proyecto de fusión podía acudir a las ayudas del FROB, lo que "lleva implícita la viabilidad" porque el acceso a esos fondos imponía ciertas condiciones en este sentido. "No estudiamos otras opciones", ha insistido.

"Hemos partido de un papel en blanco y llegamos a esas conclusiones más tarde que el 18 de diciembre", han agregado, en alusión a la publicación de datos atribuidos a este informe en esa fecha. Sin embargo, han rechazado determinar cuál de las dos cajas estaba peor, pues "el obejtivo no era ese; era plantear si era viable o no". Una de las cajas tenía mejores ratios en algunos aspectos que la otra y viceversa, ha añadido para concretar que una tenía una exposición inmobiliaria de 10.000 millones y la otra de 7.200 millones, "cinco veces los fondos propios".

Por ello, han dicho que eran "conscientes del problema por la exposición al mundo promotor" y han justificado que en su momento asumieron unos descuentos que algunas voces consideraron excesivos entonces, pero la realidad es "todavía más dura". Las dos entidades, ha incidido, tenían un nivel de exposición inmobiliaria "muy relevante en relación a su volumen y fondos propios".

"diagnóstico acelerado"

Ambos han incidido en que se trató de un "diagnóstico acelerado", como consta en sus conclusiones, y no se trataba de una auditoría porque la información de las cajas se tomó de las fuentes sin proceder a una verificación, porque este no era el objetivo. Además, el análisis preveía una segunda parte, que no desarrolló KPMG. "Posteriormente se han realizado otros informes que desconocemos y entendemos que sirvieron para profundizar y detallar nuestras conclusiones", han indicado, aludiendo, sin mencionarlos, a los trabajos de Deloitte y Price Waterhouse Coopers.

También han recalcado la "seriedad" de la metodología, la "magnitud y rapidez de los cambios" que se produjeron posteriormente en la regulación y la situación de la economía. En este sentido han indicado que los nuevos requisitos de provisiones y capital para las cajas implicaban necesidades adicionales de 5.200 millones de euros para las entidades gallegas.

PREFERENTES

En respuesta a preguntas de los grupos parlamentarios, los representantes de KPMG han explicado que el proyecto sí preveía que, en la devolución de las ayudas del FROB, se hiciese una emisión de preferentes por 351 millones de euros, con la intención de colocarla en "el mercado mayorista".

Respecto a estos productos Gibert ha manifestado su "preocupación" por la situación que "afecta a muchas personas", pero ha indicado que su trabajo no incluyó un análisis de estos productos. La posibilidad de hacer una emisión de 351 millones adicionales en preferentes se refería al escenario de devolución de las ayudas del FROB a los cinco años.

Trevijano ha defendido también los honorarios recibidos por el trabajo, que fueron de 837.000 euros más IVA, lo que situó el total en 1 millón de euros. Fueron, ha dicho, "fijados de antemano" y ha argumentado que, de hecho, dedicaron a la tarea "bastantes más recursos" de los que preveían en principio, hasta los diez socios y 40 profesionales, "todos con experiencia previa" y que se trasladaron a las sedes de las caja.

Caixanova como adquiriente

Los representantes de KPMG han aclarado las conclusiones del informe respecto a que Caixanova debería ser la entidad adquiriente y han indicado que se trata de una apreciación "estrictamente técnico-contable". Desde este punto de vista, ha apuntado, "encajaba mejor en el modelo" que la adquiriente fuese la caja de Vigo, pero ha indicado que "no quiere decir nada sobre el equilibrio de poderes postfusión" o sobre la forma jurídica en que se haga.

Finalmente, ha explicado, se optó por un tratamiento contable "distinto", que implicó que ambas entidades trasladasen sus activos a valor razonable.

Los grupos

El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, ha justificado que la Xunta buscase un informe "independiente" porque en el momento en que se encargó existían trabajos distintos y "contradictorios" sobre los resultados de la fusión y ha indicado que, después, las entidades decidieron a quién contratar para el plan de negocio —fueron las que eran sus auditoras, PwC y Deloitte las que asesoraron en el plan presentado ante el Banco de España para aprobar la fusión—. Además, ha destacado que las conclusiones de KPMG son que las ratios claves "se corresponden con una entidad con perspectivas de viabilidad".

El representante del PSdeG en el debate, Juan Carlos González Santín, ha advertido a los responsables de que está en juego la "credibilidad" de la empresa y ha señalado que el tiempo "ha demostrado" que el informe estaba "equivocado". Además, ha considerado que era "de parte", al estar encargado por la Xunta, y que la fusiónha resultado ser "un engaño de casi 8.000 millones de euros".

Por parte de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Yolanda Díaz, ha criticado que el informe previese la emisión de preferentes, cuando "estaba admitido que eran productos altamente tóxicos", y ha acusado al equipo técnico de haber "minusvalorado" el riesgo inmobiliario. En cualquier caso, ha insistido, como el grupo ha hecho desde el comienzo de la comisión, en que es "un paripé".

Por último, la portavoz del BNG en el debate, Carme Adán, ha dicho tener la sensación, ante el trabajo de KPMG, de que "quien paga manda" y ha pedido aclarar los términos con los que la Xunta hizo el encargo. Además ha ironizado con la opción de "ir a Delfos" a consultar el oráculo en lugar de hacer caso de las previsiones de organismos internacionales.