La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE)irregulares ha confirmado el embargo al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández de la indemnización por su despido de González Byass a fin de hacer frente al pago de la fianza de responsabilidad civil de 807 millones de euros que le impuso la propia magistrada y luego ratificó la Audiencia Provincial de Sevilla.

En un auto dictado el pasado día 3 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, rechaza el recurso de revisión que el abogado del imputado interpuso contra el decreto de 4 de marzo en el que el Juzgado acordaba el embargo sobre la indemnización por su despido de la bodega jerezana.

El letrado del exconsejero recurrió la decisión del Juzgado al considerar "inembargable" la indemnización por despido, punto en el que la juez recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, "es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional".

La magistrada, igualmente, recuerda que, según el Estatuto de los Trabajadores, "no tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones por despido, sin perjuicio del carácter preferente que este crédito tiene frente al empleado".

Por todo ello, la juez rechaza el recurso presentado por el exconsejero de Empleo alegando que la indemnización referida "no tiene la consideración de salario", añadiendo que de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil son embargables "las rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo".

Por estos motivos, razona la juez Alaya, "se entiende plenamente ajustado el decreto recurrido, manteniendo el mismo y su integridad".

La juez confirma así la resolución de marzo en la que el Juzgado recordó que, por medio de otro decreto dictado el 28 de junio de 2012, se acordó el embargo de "determinados" bienes del imputado, tras lo que la compañía de seguros Generali comunicó al órgano judicial que el exconsejero de Empleo, "en su condición de asegurado del contrato de seguros colectivo de vida, modalidad rentas, suscrito como tomador por la mercantil González Byass", le había remitido un escrito "solicitando la devolución de la aportación que por despido le corresponde".

Según el Juzgado, de esto último "se desprende que dicho imputado es beneficiario de cantidad líquida", por lo que "procede decretar el embargo sobre la indemnización que por despido corresponde" a Antonio Fernández. "Para su efectividad", libró un oficio a Generali a fin de que "proceda a la retención de la cantidad que corresponda al imputado" en razón de dicha póliza "y la ingrese en este Juzgado".

Hay que recordar que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros que la juez Alaya impuso al exconsejero al entender que existen "severos indicios de criminalidad" contra el imputado, a quien la magistrada atribuye cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.

La fianza de responsabilidad civil responde a los fondos que se han ido abonando entre 2001 y 2010 por el IFA e IDEA en virtud del convenio firmado por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en relación a ayudas sociolaborales y ayudas directas, así como a las ayudas a empresas y personas particulares.

El imputado entró en la cárcel de Morón de la Frontera el pasado día 24 de abril y permaneció en la misma hasta el día 10 de agosto, cuando pudo abandonarla tras pagar una fianza de 450.000 euros.