PP y PSOE acuerdan avanzar en ordenación territorial, estudiar reabrir urgencias y crear un plan de empleo

Se creará una Comisión Parlamentaria para el desarrollo de la Ley de Ordenación, evaluar su cumplimiento y su implementación
Herrera comparece en el Debate sobre el Estado de la Región
Herrera comparece en el Debate sobre el Estado de la Región
EUROPA PRESS
Herrera comparece en el Debate sobre el Estado de la Región

PP y PSOE, con el voto en contra del Grupo Mixto, han logrado cerrar este miércoles un acuerdo con el fin de avanzar de forma conjunta en la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, crear un grupo en las Cortes para estudiar la reapertura de las urgencias nocturnas en los consultorios locales y crear un plan de empleo dotado en 2014 con 30 millones de euros.

PP y PSOE consensuaron esta propuesta de resolución en el Debate de Política General que arrancó ayer en las Cortes y cuyo texto tomó como base el acuerdo alcanzado entre Junta y socialistas en torno a este asunto el pasado mes de octubre.

Se trata de un acuerdo que, a juicio de la viceportavoz socialista Ana Redondo, "mejora sustancialmente el proyecto, orienta la ordenación al servicio de la igualdad de todos los ciudadanos, es un buen acuerdo que garantiza sanidad, educación y servicios sociales", algo que ha respaldado el viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Juan José Sanz Vitorio, quien ha defendido el "municipalismo" y el "éxito" de políticas de cercanía dotadas de los "instrumentos necesarios".

No obstante, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, ha asegurado que su grupo no respalda esta propuesta que ha derivado de una "negociación a solas" entre PP y PSOE a pesar de insistir en que su grupo está dispuesto a negociar en esta materia.

En concreto, 'populares' y 'socialistas' han acordado que la habilitación parlamentaria de julio y la última semana de agosto para avanzar en la tramitación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.

Ley de ordenación urbana

De este modo, el acuerdo en torno a esta norma tiene como fines la defensa de la autonomía municipal desde el convencimiento de la "no" supresión forzosa de municipios y de entidades locales menores y la búsqueda del mayor grado de consenso en torno a este asunto, además de impulsar las mancomunidades de interés general y crear, en los tres meses posteriores a la aprobación de la norma, un proyecto de ley que regule la forma efectiva de participación de las entidades locales en los ingresos propios en la Comunidad.

Asimismo, PP y PSOE han acordado que esta ley sea "garantía expresa" de igualdad para todos los ciudadanos en el acceso y prestación de los servicios públicos que gestiona la Junta de Castilla y León, sirva para aprobar "de forma definitiva" el mapa de las unidades básicas de ordenación hasta cuya aprobación se asegura el mantenimiento de los servicios actuales en el mismo lugar donde se prestan estableciendo un plazo no inferior a tres años para adaptar los servicios al mismo.

Como se establece para la creación de la comarca se necesitará una norma con rango de ley que requerirá para su aprobación el apoyo de dos tercios de las Cortes de Castilla y León y no conllevarán nuevas estructuras administrativas.

En el apartado de fusión voluntaria de municipios se deberá prevé que el nombre d ellos municipios fusionados recoja los nombres originales de los municipios y la capital administrativa podrá ser rotatoria. Se deberá garantizar la transparencia y participación de los ciudadanos en los órganos locales y se tendrá que fijar un plazo para adecuar la Ley de Régimen Local.

El proyecto de ley deberá prever la aprobación por las Cortes de un Plan de Convergencia Interior con el PIB regional crezca por encima del dos por ciento con los criterios que se tuvieron en cuenta en el único aprobado hasta ahora y tendrá que prestar una especial atención a los servicios que presta la Junta en territorios limítrofes.

Por último, se ha acordado la creación de una Comisión Parlamentaria para el desarrollo de la Ley en la que estén representados todos los grupos políticos de la Cámara que evaluará el cumplimiento y la implementación de la misma al menos con carácter semestral.

Plan de empleo

En concreto, el Plan Especial de Empleo contará con una dotación presupuestaria de unos 30 millones de euros en 2014 y entre las actuaciones prioritarias se encuentra el plan de empleo local en el que se buscará la "eficiencia" de las medidas tanto en la prestación de servicios como en el acceso a un empleo de personas en situación de exclusión social y jóvenes en desempleo.

Este plan contempla además una atención personalizadas que identificará capacidades, competencias y posibilidades de acceso al mercado de trabajo de personas desempleadas, incluirá acciones de fomento de empleo con los jóvenes como destinatarios preferentes, habrá actuaciones en materia de formación y se establecerán formulas de colaboración público-privada para evitar exclusión.

Asimismo se incluirán vías especiales de financiación complementarias al sistema tradicional de créditos y que sirvan para dotar de fondos a aquellas iniciativas que no encuentran acogida en el sistema tradicional de financiación, destinado tanto al colectivos de personas en exclusión como a los menores de 30 años.

Todas estas actuaciones se canalizarán a través del Diálogo Social y en relación con el Plan de Empleo Local se constituirá una Comisión en la que participarán los grupos parlamentarios que apoyen esta resolución con el fin de establecer criterios en coordinación con el Diálogo Social.

Urgencias en el medio rural

El acuerdo rubricado PP y PSOE establece que mañana, viernes 28 de junio, se constituirá un Grupo de Análisis de Carácter Paritario, en el que participarán los portavoces de los grupos parlamentarios para establecer criterios que permitan un acuerdo sobre la prestación de asistencia sanitaria urgente nocturna en consultorios locales donde se prestaba el servicio de guardias.

Según el documento se espera que antes de finalizar el verano de 2013 se obtenga una solución "satisfactoria" para aquellos que han visto modificada la prestación de servicios de urgencias para lograr una "prestación equivalente" ante la flexibilización de los objetivos de déficit.

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