Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha anunciado que interpondrá una "denuncia penal" contra los "incomparecientes" en la comisión de investigación de las cajas del Parlamento gallego, es decir, la exconselleira Marta Fernández Currás, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.

Lo han avanzado el portavoz parlamentario de AGE, Xosé Manuel Beiras, y la viceportavoz, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en la que han precisado que la intención es que esta denuncia penal esté lista la próxima semana.

Además, y al margen de otros escritos para que se remita más documentación a la comisión de las cajas, Beiras ha registrado sendos escritos al presidente de la Comisión de investigación y a la presidenta de la Cámara, Miguel Santalices y Pilar Rojo, respectivamente, para que "verifiquen y se depuren las responsabilidades jurídicas, y por lo tanto penales" al respecto de las incomparencencias.

Durante su intervención, el portavoz parlamentario de AGE consideró "gravísimo" que Miguel Ángel Ordóñez, Currás y Almunia "se nieguen a comparecer", y como ha argumentado Yolanda Díaz, la legislación estatal dice "alto y claro que es obligatoria la comparecencia de todas las personas que sean llamadas a una comisión de investigación".

"La trampa jurídica de que esa norma es estatal y no autonómica es una auténtica burla. Por lo tanto, exigimos al señor Santalices y a la presidenta de la Cámara que aperciban de responsabilidades penales a las personas que se niegan a comparecer", ha remachado Yolanda Díaz.

Defensa de los ciudadanos

Xosé Manuel Beiras ha defendido que la preparación de esta denuncia pretende ir más allá del "tira y afloja" entre los políticos sobre la comparecencia, porque "es demasiado grave" y hay que depurar "las responsabilidades penales".

Además, ha esgrimido que se tata de "ejercer acciones legales que los ciudadanos no pueden ejercer" y como representantes no sólo de los votantes de AGE, sino también de los "que votaron al PP y se están manifestando" en la calle por las preferentes.

Por otro lado, Beiras ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la exconselleira Currás "forzaron la fusión" de las cajas gallegas —Caixanova y Caixa Galicia—, lo que "implica directamente responsabilidades políticas y que puede acabar siendo penal" para ambos, pero ha matizado que la denuncia no atañe a estos dirigentes políticos, para lo cual habría que presentar una querella.

De hecho, han señalado que para ello, tendrían que contar con las actas de los consejos de administración que no están entre la documentación remitida a la comisión de las cajas, por lo que no podrían hacerlo "salvo que entregasen" esta información, que también han demandado vía escritos en el Registro de la Cámara.

Entrega documentación

Por otro lado, AGE ha decidido entregar a los medios de comunicación "documentación considerada secreta y reservada" de la comisión de investigación de las cajas del Parlamento gallego, entre la que se encuentra el informe de KPMG sobre la integración de Caixa Galicia y Caixanova.

Lo han hecho un día después de que la viceportavoz, Yolanda Díaz, en la sesión de control al gobierno, hubiese amenazado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con que AGE haría pública la información. En una ocasión anterior, Beiras ya había asegurado que no se veía "obligado" a guardar el "secreto" que había sido aprobado por la Comisión de investigación al respecto de la documentación.

Así, sobre el informe de KPMG, Xosé Manuel Beiras ha subrayado que "no es una auditoría", sino una 'due diligence', por lo que por parte de la Xunta "se estuvo engañando" desde que se dio a conocer la existencia de este proyecto. "Fue un diagnóstico a la carta por encargo de la Xunta", ha incidido, si bien los representantes de esta auditoría han negado en la comisión de este jueves "indicaciones" de la Xunta.

Sobre este aspecto, han denunciado que el Gobierno gallego "oculta" la documentación que "necesariamente" tiene que haber sobre el "encargo del informe" y lo achaca a que es "para que pueda prosperar el infundio de la auditoría". También han solicitado el "expediente administrativo completo" de la fusión.

En su intervención, Beiras también se ha referido a que en el informe "no se recomienda la fusión" y a que en él se dice que para mantener las proyecciones del Tier 1 por encima del 9 por ciento había que emitir preferentes, 351 millones para devolver las ayudas el Frob y 337 para la devolución de los 1.190 millones de euros las ayudas públicas.

"La Xunta sabía que eran indispensables", ha denunciado Beiras, quien después explicó que no eran para el "mercado minorista", pero el Gobierno gallego sabía que "eran un producto altamente tóxico".

Precisamente, durante la comisión de investigación que se desarrolla este viernes, los representantes de KPMG, en respuesta a los grupos parlamentarios, han explicado que el proyecto sí preveía que, en la devolución de las ayudas del FROB, se hiciese una emisión de preferentes por 351 millones de euros "acudiendo al mercado mayorista".

Asimismo, Beiras se ha referido al informe de Price Waterhouse Coopers sobre el proyecto de fusión que "no es una auditoría", sino un informe de "experto independiente", y especifica que "no era objeto ni el contenido ni la justificación de la viabilidad económica de la fusión", pero tampoco —ha agregado— el nuevo proyecto estratégico de la nueva entidad.

"Esto es el petróleo que está empezando a salir y relucir, y que pone de manifiesto lo que dijimos de que era una parodia y no queríamos ser comparsas, pero que seguiríamos trabajando, y éstos son parte de los resultados", ha reflexionado el portavoz de AGE.

Sobre represalias

Preguntados por si temen represalias por parte del Parlamento de Galicia, Beiras ha advertido de que "fueron ellos mismos" los que desvelaron contenido de los informes, y por lo tanto, habría que "actuar contra el presidente", en referencia a que Feijóo, en la sesión de control de este miércoles, mencionó el contenido de los ocho análisis realizados para la fusión de las cajas.

En todo caso, Beiras ha señalado que, aunque "no lo incumpliese (el secreto) el presidente, AGE "actuaría" de la misma forma, por su "obligación con los electores que no se sienten defendidos".

"Tenemos la obligación", ha abundado el portavoz parlamentario de Alternativa, quien ha asegurado que si se emprenden acciones, "se pondría" de manifiesto que "lo que es ilegal es declarar secretos estos documentos". Así, ha augurado que si se da ese supuesto "en lugar de condenar" a los parlamentarios de AGE, se da esta situación para "el demandante".