El Ministerio de Defensa pretende ahorrar quince millones de euros al año con el cierre de 86 instalaciones, en la primera fase del plan de racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario (Prepidef).

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ha ofrecido este dato durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado para informar sobre este plan, que dirige desde hace siete meses el teniente Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras como comisionado para elaborar una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio inmobiliario.

Así, desde septiembre, se han detectado 358 instalaciones consideradas innecesarias y por tanto susceptibles de ser enajenadas y puestas a disposición del Invied, ha informado este jueves Argüelles.

Al margen de estas 358 instalaciones militares en desuso, se han identificado otras 80 posibles actuaciones de racionalización de carácter territorial y funcional que afectan a 203 instalaciones, 163 susceptibles de ser liberadas total o parcialmente para racionalizar el uso de las infraestructuras de Defensa, ha dicho.

Esta propuesta, que discurre en paralelo a la reforma de las administraciones públicas, se llevará a cabo por fases.

La primera -denominada Prepidef 1- se concentrará en 49 actuaciones y afectará a 109 instalaciones, de las que 86 serán liberadas, lo que generará un ahorro de quince millones de euros al año, ha subrayado el secretario de Estado de Defensa.

Estas actuaciones supondrán la reorganización periférica del órgano central del Ministerio de Defensa y el traslado de subdelegaciones a otras instalaciones, ha añadido.

Pedro Argüelles ha dicho que implicará también la cesión de hospitales, como el de San Fernando, y una reorganización de los centros en Madrid.

En la segunda fase se analizarán en detalle las 31 propuestas restantes, que se podrán llevar a cabo una vez definidos el modelo institucional, el de enseñanza y el modelo de acción social.

Afectará a 94 instalaciones, de las que se cerrarían 77 y supondría un ahorro anual de 37 millones de euros.

Pedro Argüelles ha explicado que la propuesta se sustenta en "la satisfacción eficiente de las necesidades de las Fuerzas Armadas" y "la búsqueda de una utilización conjunta de instalaciones".