La Unión Europea (UE), el Ejecutivo comunitario y el Parlamento Europeo acordaron este miércoles el nuevo programa de movilidad de estudiantes para 2014-2020, que llevará el nombre de Erasmus+ y duplicará su presupuesto y el número de beneficiarios con respecto al período anterior.

El acuerdo entre las tres partes ha sido anunciado en un comunicado de la presidencia irlandesa de turno de la UE, tras varios meses de negociaciones que giraron principalmente en torno al nombre y estructura del programa.

El nuevo macro-programa Erasmus+ ubicará bajo un mismo paraguas todos los esquemas de movilidad ya existentes, como el Erasmus para estudiantes y docentes universitarios o el Leonardo da Vinci para prácticas profesionales de jóvenes titulados, así como nuevos programas para voluntarios y para deportistas en las categorías de base.

Erasmus+ contará con unos 16.000 millones de euros para becas, sueldos de prácticas y ayudas a la movilidad de unos 4 millones de jóvenes europeos entre 2014 y 2020, aproximadamente el doble de la dotación presupuestaria con la que contaba el programa en 2007-2013.

No obstante, su presupuesto definitivo no se conocerá hasta que culminen las actuales negociaciones sobre el marco financiero plurianual de la UE.

Asimismo, el nuevo programa pretende fomentar una mayor contribución del sector privado para la financiación de investigación y de períodos de prácticas y aprendizaje profesional.

El ministro irlandés de Educación y Formación, Ruairí Quinn, destacó la importancia del programa para "contribuir a la creación de empleo y para la recuperación económica" en la UE.

Eramus+ "mejorará las oportunidades de empleo de los jóvenes", dijo Quinn, quien añadió que para 2020 cerca del 35 % de todos los puestos de trabajo en la UE requerirán cualificaciones de nivel superior.

"Necesitamos asegurar que nuestros jóvenes están preparados para responder a la futura demanda del mercado laboral", destacó el ministro irlandés.

El nuevo programa europeo de movilidad en las áreas de educación y formación fue propuesto por el Ejecutivo comunitario a finales de 2011, y en mayo del año pasado recibió el visto bueno de los Veintisiete.