La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas está estudiando si recurre el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el plan sectorial de incidencia supramunicipal aprobado para dotar de servicios a las urbanizaciones de Barreiros (Lugo) y desbloquear el urbanismo en la localidad. El alcalde, Alfonso Fuente, da por hecho que así será y el departamento que dirige Agustín Hernández ha manifestado que analiza el documento "al objeto de presentar, en el caso de que así se determine, recurso de casación ante el Tribunal Supremo".

La Xunta ha indicado a Europa Press que "respeta la decisión judicial", pero ha destacado que "no es firme" y que estudia el caso con el fin de agotar las posibilidades del litigio. El diario El País publica este miércoles que el TSXG ha admitido un recurso de la asociación ecologista Adega y ha anulado el llamado plan sectorial de Barreiros que aprobó el Consello de la Xunta en marzo de 2012.

El Gobierno gallego, que retiró en 2009, con la llegada del PP, los contenciosos que había interpuesto el bipartito contra las 5.800 licencias concedidas en el municipio, defendió la aprobación de este plan supramunicipal y la aportación de dinero para dotar de infraestructuras a la zona como la mejor vía para desbloquear la situación.

Tras conocer la decisión del alto tribunal gallego, la consellería ha apuntado que "en ningún momento cuestiona la finalidad de interés general" perseguida por las administraciones públicas que firmaron en convenio para dotar esas infraestructuras, en el que participaron la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento de Barreiros. El acuerdo se rubricó el 20 de abril de 2010 y su finalidad era ejecutar las obras de urbanización, abastecimiento y saneamiento de los núcleos de San Cosme, San Pedro, San Miguel de Reinante y Reinante.

La propia sentencia, insiste el departamento de Agustín Hernández, indica que "el objetivo de la Xunta es solucionar un grave problema que incide de forma negativa en la economía de la zona", así como "proporcionar a los vecinos unos servicios de los que carecen".

Así, subraya que el TSXG "tan solo rechaza el procedimiento seguido" para lograr este fin, que se articuló mediante la aprobación de un plan sectorial de incidencia supramunicipal, "siendo más propia la tramitación del PGOM". En este punto, el Gobierno gallego estima que "tanto la Xunta como la Diputación de Lugo entendieron que la importancia de los proyectos previstos excede el ámbito del Ayuntamiento", pues supone "la dinamización de la comarca".

Por su parte, el alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, ha asegurado que la consellería recurrirá la sentencia y ha puntualizado que "hay que dejar claro lo que es el procedimiento para la aprobación del convenio y lo que es el proyecto donde se recogen las obras".

Obras en ejecución

"Del proyecto ya se vienen ejecutando obras por parte del ayuntamiento; se ejecutan porque son obras de mejora y ampliación de la red", ha defendido.

Además, ha considerado que "no se trata de que —el fallo— afecte a viviendas, sino que afecta en general, a todo el ayuntamiento y a todos los vecinos, porque quien sale perdiendo son todos los vecinos, si no se pudieran llevar a cabo las obras contenidas en el proyecto".

Por ello, ha resaltado que el fallo "únicamente valora el procedimiento de valoración de ese convenio". "Lo que dice es que el procedimiento que se siguió para aprobar ese convenio, no sería el correcto", ha argumentado y ha defendido que "en cuanto a las obras y en cuanto a la forma de financiación de ese proyecto la propia sentencia dice que no existe ningún problema". "Va a recurrirla", ha dicho en alusión a la Xunta.

Responsabilidad "exclusivamente" de la xunta

En cuanto a la Diputación de Lugo, ha incidido también en que la sentencia "no anula el convenio de Barreiros, sino el plan sectorial diseñado por la Xunta de Galicia". Así, argumenta que el organismo provincial "no participó en la redacción y aprobación de este plan sectorial, algo que es única y exclusivamente responsabilidad de la Administración autonómica".

"La Diputación no tuvo nada que ver, por lo que la anulación del plan sectorial no le afecta para nada", han afirmado fuentes del ente que preside José Ramón Gómez Besteiro a Europa Press. La Xunta, han abundado, es la demandada, y la Diputación figura como codemandada, "una figura jurídica establecida para todo aquel que pueda estar relacionado con la materia tratada en un proceso judicial".

"descontenta" con la xunta

La Diputación ha puntualizado que participa únicamente en el convenio de colaboración con Xunta y ayuntamiento para, "en el futuro, dotar de servicios generales a viviendas, nunca para urbanizar".

Al hilo de ello, ha manifestado estar "muy descontenta con la actitud de la Xunta en este asunto", pues en las dos últimas reuniones de seguimiento del convenio mantenidas en el último año, la institución provincial le requirió a la autonómica "diversa documentación sobre la situación del acuerdo y nunca le fue entregada". "Incluso no le fue enviada el acta del último encuentro, a pesar de haberla pedido", ha remarcado.

El vicepresidente provincial y concejal del BNG en Barreiros, Antonio Veiga, ha demandado, por su parte, al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "dé explicaciones después de esta sentencia.

"El presidente de la Xunta tiene que dar explicaciones; hablamos de que con 14 millones de euros de dinero público se querían legalizar 44 promociones, y esas promociones tenían la mayor parte informes jurídicos del ayuntamiento desfavorables y aún así la xunta de goberno dio esas licencias", ha criticado Veiga.