Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) podrán solicitar la adhesión al convenio de colaboración administrativa suscrito entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la prestación de servicios públicos electrónicos.

Así lo refleja la Orden de la Consejería de Fomento, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recogida por Europa Press, por la que se establece este procedimiento de adhesión para las entidades locales y la Institución académica.

La solicitud de adhesión se dirigirá a la Consejería de Fomento por el alcalde, presidente de la Diputación respectiva o el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que se acompañarán tres copias cumplimentadas del protocolo de adhesión así como una copia compulsada del acuerdo aprobatorio del órgano competente.

Aquellas entidades que ya se hubieran adherido a los anteriores convenios de colaboración suscritos entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda con análogo objeto no habrán de adherirse nuevamente. Por el contrario, podrán manifestar de forma expresa su disconformidad a continuar adheridas al convenio suscrito si así lo estimasen oportuno,

La junta asume los gastos fijos

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asume todos los gastos fijos que supongan los servicios de certificación electrónica, que incluyen para cada una de las entidades que se adhieran el uso de los certificados Ceres, la gestión de claves, el registro de eventos, y la instalación de las oficinas de registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Para los municipios adheridos al Convenio con población inferior a 10.000 habitantes incluirá, además, un certificado de sede electrónica y un certificado de sello electrónico. Por su parte, para el resto de entidades y organismos adheridos al Convenio, se incluirá además un certificado de sede electrónica y dos certificados de sello electrónico.

Las entidades adheridas asumirán los gastos variables que generen los servicios de certificación que incluirán, entre otros, la ampliación del número de certificados de servidor o componentes, de sede electrónica, y de sello electrónico, la puesta en marcha de oficinas de registro propias, y las tarjetas criptográficas.