La Unión Europea (UE) buscará este miércoles un acuerdo de última hora sobre las reglas que guiarán los futuros rescates bancarios, a fin de que los líderes europeos puedan acudir a la cumbre del 27 y el 28 de junio con una pieza más que encajar en la unión bancaria.

Los ministros de Economía de la UE se reunirán de nuevo, a partir de las 16.30 GMT, después de que en la madrugada del pasado sábado fracasaran en su primer intento de cerrar un acuerdo político sobre la directiva de reestructuración y liquidación bancaria.

Con ella se pretende que sean los bancos y acreedores los que paguen la factura cuando quiebre una entidad financiera y no los contribuyentes.

La reunión se celebrará la víspera de la cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, un escenario similar al que ya se dio en diciembre de 2012, cuando tuvieron que cerrar "in extremis" el supervisor bancario único antes de un Consejo Europeo.

El objetivo de la directiva es establecer una jerarquía que en el futuro aporte claridad sobre qué acreedores y en qué orden éstos pueden verse sometidos a quitas, empezando por los accionistas, seguidos de la deuda subordinada y de bonos júnior, de deuda sénior y finalmente de depósitos no asegurados.

Hay un consenso generalizado para otorgar una protección especial a los depósitos de más de 100.000 euros en manos de particulares y pymes, mientras ya ha quedado absolutamente claro que los ahorros por debajo de 100.000 euros serán "sacrosantos", en palabras del ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

La UE quiere evitar que se repitan casos como el de Chipre, cuando la eurozona impuso inicialmente una tasa especial a los depositantes de menos de 100.000 euros, provocando una polémica sin precedentes en la isla y en otros países que comparten la moneda única, al considerar que se rompía la normativa europea relativa a la garantía para los pequeños ahorradores.

El problema está en el grado de flexibilidad que se debe otorgar a los Estados miembros para excluir de la lista de los acreedores sujetos a posibles quitas en un rescate bancario, pues países como Alemania quieren limitar esa discrecionalidad al máximo, mientras que otros, que son países de fuera del euro como Suecia y Reino Unido, aspiran al máximo margen posible.

Ellos argumentan que los países que no tienen el euro no pueden acudir a la barra de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) o al fondo europeo de rescate de la eurozona para salvar o sanear su banca y, por ende, tienen que tener más flexibilidad.

La Comisión Europea (CE), por su parte, advierte de que, si no se fija un límite a esa discrecionalidad, se puede fragmentar el mercado interior y generar una situación de desventaja entre países, que permite a los ricos rescatar a los bancos con otros medios, mientras que los demás se ven obligados a imponer quitas a los acreedores.

Los ministros deben acordar también el porcentaje de pasivos de los bancos que puede sufrir pérdidas y el que puede ser eximido total o parcialmente en circunstancias excepcionales y bajo estrictas condiciones.

En la última versión del texto que negociaron los ministros se establecía que un 5 % del monto máximo de pasivos puede ser eximido, pero solo después de haber aplicado quitas a un 8 % de los pasivos.

No obstante, esta exclusión solo puede ser aplicada después de que un 8 % del total de pasivos haya sufrido esas quitas.

El dinero que faltaría entonces por esta exclusión debe estar disponible en el acuerdo financiero del Estado miembro o ser aportado por otros acreedores o mediante tasas de la banca reclamadas a posteriori durante los tres años siguientes.

La UE estudia también introducir otra salvaguarda, de manera que la Comisión tendría que ser informada por parte de las autoridades de resolución nacionales antes de una exclusión de pasivos e incluso tener poder de veto.