Los tres marineros de la embarcación que fue interceptada en el puerto pesquero de Huelva en agosto de 2012 con un cargamento de 750 kilos de hachís, —acusados de pertenecer, junto a seis personas más, a una red acusada de introducir en España entre febrero y agosto de 2012 un cargamento de hachís procedente de Marruecos—, han asegurado este martes que el patrón del barco, también acusado, les amenazó con "no contratarles" si no transportaban el cargamento en la embarcación.

Durante su declaración ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, uno de los marineros ha insistido en que ellos cuando salieron a faenar desde El Puerto de Santa María (Cádiz) "no sabían que un barco marroquí iba a realizar un cargamento de hachís en el barco, que lo hizo en alta mar".

En este sentido, ha manifestado que conocían que la situación económica del patrón "no era buena" y otro de ellos ha asegurado que este le dijo que "si salía bien la cosa, lo iba a convidar". Otro marinero ha manifestado que no colaboraron en cargar el hachís ni en vaciar el barco una vez en el puerto onubense, así como que no conocía al resto de los acusados, excepto a uno de ellos, P.R.G, presunto cabecilla de la red.

Por su parte, el resto de los acusados, excepto uno de ellos, se han conformado con los hechos pero no con las penas, aunque han reconocido que los teléfonos intervenidos eran suyos. A su vez, letrados de las defensas han solicitado la nulidad de las escuchas telefónicas y uno de ellos de todo el procedimiento.

El otro acusado que ha declarado, con el que el presunto cabecilla mantenía supuestamente continuo contacto, ha señalado que es "amigo de su hijo y que viajaba a Marruecos por su cuenta" a ver a su novia.

Los hechos,

Según el fiscal

El fiscal considera los hechos constitutivos de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud y cometido en condiciones de extrema gravedad, por el uso de embarcación; de un delito de pertenencia a grupo criminal y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Por ello, pide para los acusados entre dos y ocho años de prisión y multas millonaria que ascienden a los 22 millones de euros para cada uno.

El Ministerio Fiscal considera probado que los acusados para el ejercicio de su ilícita actividad se relacionaban entre sí jerárquicamente, teniendo establecido un sistema de comunicaciones telefónicas en clave a través de los cuales se informaban acerca de la existencia del cargamento y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de introducción y alijo de la sustancia estupefaciente.

La Fiscalía considera que la jefatura y dirección del grupo delictivo era ejercida en todo momento por el acusado P.R.G., quien mantenía con otros dos un permanente contacto, tanto de carácter personal, como telefónico, a fin de impartir instrucciones y coordinar la actividad de dicho grupo.

Por su parte, otros dos acusados eran quienes, siempre bajo la supervisión de su jefe y padre del primero, se ocupaban de negociar la entrega de la droga por parte de los proveedores marroquíes, viajando a dicho país cada vez que fuera necesario, precio que debían pagar, calidad de la misma y coordenadas de desembarco, así como de obtener adelantos económicos para poder repostar el barco que debía recoger el alijo.

El barco del que debía servirse el grupo era el llamado 'López Santana' cuyo patrón, el acusado A.L.Ma y siempre bajo las órdenes del también acusado P.R.G., debía recoger la droga en alta mar, una vez desplazada hasta el punto del alijo por los proveedores marroquíes.

La trama se completaba con la actuación otros tres acusados quienes habían sido captados para las labores de recogida del alijo y realización de tareas de descarga, en la que también participarían otras dos personas.

El grupo contaba con el auxilio de MZ.V.Ca., trabajadora de una tienda de telefonía móvil, quien aprovechando el acceso que por razón de su trabajo tenía a las bases de datos de la compañía, emitió tres contratos a sabiendas de que en realidad los iba a recibir uno de los acusados, quien había superado ya el número de contrataciones de tarjetas prepago autorizado legalmente. El juicio continuará este miércoles con la declaraciones de testigos.