Los empleados de la Junta podrán ser docentes universitarios asociados sin restricciones de incompatibilidad

El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía podrá compatibilizar su trabajo con la labor docente universitaria, sin los límites económicos previstos en la legislación básica estatal después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este martes eliminar la restricción que impedía a los empleados percibir por el ejercicio de dos actividades públicas unas retribuciones superiores a las previstas para el cargo de director general en los Presupuestos Generales del Estado.

El personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía podrá compatibilizar su trabajo con la labor docente universitaria, sin los límites económicos previstos en la legislación básica estatal después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este martes eliminar la restricción que impedía a los empleados percibir por el ejercicio de dos actividades públicas unas retribuciones superiores a las previstas para el cargo de director general en los Presupuestos Generales del Estado.

La medida está prevista en la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que autoriza la superación del límite por acuerdo expreso de los órganos de gobierno autonómico o locales, cuando concurran razones de interés público.

En este sentido, el decreto aprobado este martes subraya la especial relevancia de la labor docente de los empleados públicos en la formación del alumnado por su amplia y reconocida perspectiva profesional, sobre todo, en áreas como el Derecho Administrativo, la gestión pública y otras especializadas como la práctica clínica en las enseñanzas de Ciencias de la Salud, Medicina, Enfermería, Odontología o Fisioterapia. Además, la figura del profesor asociado no supone coste económico adicional, ya que no se vincula a contrataciones nuevas sino a sustituciones.

Los profesores asociados, que actualmente representan el 16 por ciento del total de los efectivos docentes de las universidades públicas andaluzas, son fundamentales en un momento en el que el Gobierno de España está imponiendo restricciones a la contratación de nuevo personal docente, con la consiguiente pérdida de capacidad en la prestación del servicio público universitario.

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