El índice de morosidad en arrendamientos urbanos en Canarias creció un 2,45% en 2012, según el FIM

El índice de morosidad en arrendamientos urbanos creció un 2,45% en Canarias en 2012 y alcanzó una cuantía media de 6.964,53 euros por suscripción, según ha informado hoy martes el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

El índice de morosidad en arrendamientos urbanos creció un 2,45% en Canarias en 2012 y alcanzó una cuantía media de 6.964,53 euros por suscripción, según ha informado hoy martes el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM).

Por provincias, el índice de morosidad se elevó en Las Palmas un 2,85%, alcanzando una cuantía media de 6.427,29 euros, y en Santa Cruz de Tenerife subió un 2,05%, situándose en 7.501,77 euros.

En España, este índice aumentó un 13,28% el pasado año hasta alcanzar una cuantía media de 6.134 euros por suscripción, si bien el importe medio de la cuantía de cada inscripción no es el más alto de todos los estudios, puesto que en 2011 este valor fue superior a los 8.000 euros.

Así lo ha indicado el director de Estudiso y Calidad del FIM, Sergio Cardona, durante la presentación del 'VI Estudio FIM sobre morosidad en arrendamientos en España.

El desglose por comunidades autónomas muestra que la variación con respecto al año anterior es superior a la media en Andalucía (19,17%), Madrid (18,60%), Comunidad Valenciana (16,75%), Cataluña (14,84%) y Murcia (14,47%). Por el contrario, las comunidades con una variación menor son Cantabria (0,96%), Navarra (1,70%), La Rioja (1,94%), Canarias (2,45%) y Asturias (2,48%).

Asimismo, las provincias de Huelva y Málaga superan el 25% (25,23% y 25,80% respectivamente), mientras que Cantabria, Burgos (1,85%) y León (1,15%) se mantienen por debajo del 2%.

En cuanto a la morosidad media, las comunidades con mayor importe son Madrid (15.838,61 euros), Murcia (12.440,37 euros) y Baleares (10.051,11 euros). La Rioja, con 2.507,06 euros, y Castilla y León (2.550,21 euros) cuentan con los valores más bajos.

El FIM, primer fichero en España sobre arrendamientos urbanos, recupera datos procedentes de expedientes judiciales de desahucios, así como de informes de profesionales del sector y propietarios.

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