Las ocho personas sancionadas por participar en la movilización ciudadana que impidió el desahucio de la anciana Aurelia Rey en A Coruña han entregado este martes ante la Delegación del Gobierno alegaciones contra su propuesta de sanción y contra lo que consideran un intento de "amedrentar a la ciudadanía para que deje de contestar en la calle a las políticas injustas".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios el portavoz del BNG en el Parlamento, Francisco Jorquera, uno de los sancionados por esta acción, momentos antes de entregar las alegaciones conjuntas en la Delegación del Gobierno.

Jorquera ha recordado que el pasado 28 de febrero fueron muchas las personas que respondieron a una convocatoria de Stop Desahucios para impedir "a través de la desobediencia civil y de la resistencia pacífica" que se "cometiese un acto bárbaro", el desahucio de la octogenaria de su hogar.

Asimismo, ha calificado de "increíble" que el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, definiese a los participantes en esta concentración como "bárbaros". "Bárbaro es pretender dejar en la calle a una anciana de 86 años", ha sentenciado.

Tras recordar los perjuicios que causan a la ciudadanía algunas leyes, Jorquera ha hecho referencia a las personas afectadas por las participaciones preferentes, que también acompañaron a los sancionados durante la entrega de las alegaciones. "Hay multitud de estafados por las preferentes que están recibiendo comunicaciones de apertura de expedientes gobernativos, incluso con multas de cantidades importantes, por haber exigido en la calle la restitución de sus derechos", ha precisado.

"Seguiremos cumpliendo nuestro deber: responder a las políticas injustas en las instituciones y apoyar los movimientos sociales, en este caso un movimiento tan ejemplar como es Stop Desahucios", ha sentenciado el portavoz parlamentario nacionalista.

La propuesta de sanción contra Jorquera, ha precisado, incluye lenguaje de "épocas pasadas", con el que se le acusa de ser "cabecilla" a "instigador".

Las propuestas de sanción fueron remitidas al bombero que se negó a cortar la cadena, a tres integrantes de Stop Desahucios A Coruña y cuatro representantes políticos de BNG e IU, entre ellos el portavoz nacionalista en el Parlamento gallego.

En las sanciones se acusa a estas personas de vulneración de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la que la Subdelegación del Gobierno exige una multa de 600 euros por persona, según informa Stop Desahucios A Coruña.