La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Torrelavega ha criticado la actitud del delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, que ha calificado de "absolutamente extemporánea, prepotente y antidemocrática", al tiempo que ha sostenido que la "batalla" por el caso de su denuncia se ganará en la calle.

Así lo ha declarado su portavoz, Ricardo Miguez, momentos antes de entregar en la Delegación del Gobierno, junto con varios integrantes de la PAH, los escritos de alegaciones firmados por los ocho miembros del colectivo a los que la Delegación abrió expediente sancionador tras la manifestación frente a la sede del Partido Popular y del domicilio del alcalde de Torrelavega.

Miguez ha insistido en la "intencionalidad política" de la sanción, que considera una medida de "intimidación" de la que no hay precedentes.

Ante una concentración "en la que no se interrumpió el tráfico, no se causaron daños materiales, no hubo agresiones físicas ni verbales", en su opinión resulta "absolutamente extemporánea" la actitud de Ruiz, que también ha calificado de "prepotente y antidemocrática".

Y por ese motivo, la PAH se reserva el derecho de iniciar acciones legales contra el delegado del Gobierno, que irían desde la demanda "porque hay una intencionalidad clara de amordazar toda manifestación que vaya contra las intenciones y políticas del Gobierno", hasta la vía penal.

Al respecto, el portavoz ha insistido en que "lo que están buscando es criminalizar a todos los movimientos sociales". "Ahora nos toca a nosotros y mañana a los de Sniace. Ya lo advirtió ayer (Ignacio) Diego, que eso de interrumpir el tráfico de Torrelavega hay que pensárselo".

Así, el colectivo está dispuesto a "pelear en todos los terrenos", incluido el legal, y ha comenzado con la presentación de alegaciones. En el caso de que la respuesta sea desfavorable, acudirán al Contencioso y están dispuestos a llegar al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

Sin embargo, sostienen que "esta batalla no se va a dilucidar en los tribunales sino en la calle, con la movilización y presión contra este Gobierno".

Miguez ha criticado además que la acusación no está fundada jurídicamente y es "genérica", tanto porque en los hechos participaron 30 personas y se sancionó a ocho "al azar", a los que se imputan "las mismas cosas", como porque no se ha presentado "ninguna prueba". "No sabemos quién nos denuncia, lo que genera una situación de indefensión", ha apuntado.

Igualmente ha tildado la denuncia de "improcedente" porque no se ha cometido "ningún delito". Según el portavoz, en el propio expediente sancionador se describe que no se han producido daños ni interrupción del tráfico, lo que refuerza a la PAH en su convencimiento de que "aquí hay un intento de amordazamiento, que hoy es con nosotros y que va a seguir sucediendo".

"Y en cuanto a la 'ley de patada en la puerta' de Corcuera, que ellos aducen, ni siquiera se cumplen esos extremos; ha sido una concentración espontánea", ha asegurado Miguez, que ha recordado que el Juzgado de Primera Instancia de Torrelavega ya les dio la razón en un auto que acompañan en el recurso.