La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff,anunció este lunes en un discurso televisado, varias medidas que pretenden calmar la situación de conflicto social que vive el país desde hace tres semanas. Tras reunirse con gobernadores y alcaldes y con los integrantes del Movimiento Passe Livre (MPL), que convocó las protestas en el inicio, Rousseff propuso la celebración de un plebiscito para emprender una profunda reforma política, en respuesta a la ola de protestas sociales que han sacudido Brasil.

La mandataria anunció la propuesta de organizar un plebiscito "que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política", en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio do Planalto, la sede presidencial, convocada para responder a las demandas de los ciudadanos. El plebiscito debe dar paso a "un proceso constituyente específico para la reforma política", explicó Rousseff en una reunión con gobernadores y alcaldes en el Palacio presidencial de Planalto, convocada para responder a las demandas de los manifestantes.

Rousseff propuso cinco grandes "pactos" a los 27 gobernadores y 26 alcaldes que asistieron al encuentro. Uno referido a la necesidad de mantener la "responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación", a lo que atribuyó una "dimensión especialmente importante en el momento actual, en que la prologada crisis castiga a todas las naciones".

El segundo pacto lo centró en la "construcción de una amplia reforma política que amplíe los horizontes de la ciudadanía", una propuesta que, admitió, en las últimas décadas "entró y salió más de una vez de la agenda política nacional". Para superar esa parálisis, propuso un plebiscito "que autorice un proceso constituyente específico para la reforma política", pues "Brasil está maduro para avanzar" en esa dirección. En ese marco, aseguró que debe ser dada una prioridad especial al combate a la corrupción y propuso establecer penas más severas para los delitos cometidos por la malversación de dinero público.

El tercer "pacto" se refiere a la salud, un área en la que pidió "acelerar las inversiones" previstas y reafirmó su intención de contratar médicos extranjeros para que trabajen en las ciudades y regiones "que más precisan mejorar la atención". Rousseff admitió que enfrentará "un debate democrático" con esa propuesta, en alusión a la resistencia de los colegios profesionales del país a esa iniciativa.

Respecto al transporte público, que fue el detonante de las protestas debido a un alza en el precio del billete en Sao Paulo, también reconoció que pese a fuertes inversiones hechas en últimos años aún carece de la calidad que exige la ciudadanía. Por eso, en el cuarto punto del "gran pacto nacional", propuso "avanzar más rápido" en la construcción de metros, trenes y otros medios de transporte público e invitó a alcaldes y gobernadores a estudiar nuevas desgravaciones de impuestos, similares a las que ya ha establecido el Gobierno federal en esa área.En este sentido, anunció un plan de inversiones de 50 mil millones de reales.

También anunció su disposición a eliminar los tributos federales al diesel utilizado por autobuses y a la electricidad que consumen trenes y metros. Los integrantes del MPL se oponen a esta medida, pues consideran que la exención de impuestos supone inyectar dinero en las empresas de transporte de forma directa y sin nigún control. En muchas ocasiones, el movimiento se refiere a estas empresas como "mafias".

De hecho, muchos actores acusan a estas empresas concesionarias de poco transparentes, principalmente en Río de Janeiro.

El quinto punto del "pacto" lo centró en la educación, un área en la que reiteró que su Gobierno pretende mejorar los presupuestos mediante una propuesta que tramita el Parlamento. Esa propuesta plantea que el 100 por ciento de los beneficios que generen las riquezas petroleras atesoradas en aguas profundas del Atlántico se destinen a la educación. En ese sentido, dijo confiar en que "los señores congresistas aprobarán eso con la debida urgencia constitucional".

Por su parte, el MPL ha declarado que la reunión de este lunes fue "una sorpresa", pero que en ella la presidenta no ha hecho "propuestas concretas", por lo que las protestas continuarán. Los integrantes del Passe Livre consideran "insuficientes" las concesiones de la mandataria, pues siguen defendiendo la gratuidad del transporte.

El transporte, "como la salud o la educación" es un servicio público y por tanto, "no debería ser cobrado", consideran.

Para este martes hay convocadas varias marchas simultáneas que pretenden "paralizar" Sao Paulo desde la periferia, donde se sitúan los barrios más desfavorecidos de la megaurbe.