La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno y a la Jefatura de la Comandancia la suspensión de funciones del sargento primero del puesto del municipio malagueño de Benahavís, imputado como presunto autor de un delito de prevaricación. Para esta organización, dicha situación "es intolerable e incompatible con el ejercicio del mando y con lo dispuesto en la Ley de Personal de la Benemérita".

La AUGC, con más de un millar de asociados en la provincia de Málaga, presentó en 2012 una querella contra dicho sargento ante "una serie de irregularidades", que, además, habían sido denunciadas "en reiteradas ocasiones" ante la Comandancia y la Subdelegación de Gobierno, al considerar que podrían constituir "presuntos ilícitos penales". El motivo de esa acción judicial era, según han explicado a Europa Press, "la retirada por parte de este suboficial de denuncias interpuestas por guardias civiles a familiares y conocidos".

A raíz de estas denuncias, la Comandancia de Málaga le abrió un expediente por falta muy grave. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil consideraron los hechos como falta grave; sin embargo, el caso fue archivado al haber prescrito por el tiempo transcurrido.

Ante este archivo y en cumplimento de lo dispuesto en sus estatutos sobre la lucha contra la corrupción en el Cuerpo, la AUGC "se vio obligada" a presentar una querella en el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella (Málaga) contra el comandante de puesto de Benahavís y contra todos aquellos que resultaran responsables de la tramitación del expediente.

Con motivo de esas diligencias el titular del juzgado ha tomado declaración ahora como imputado a este sargento. La AUGC ha advertido, al respecto, de la "delicada" situación que se da, teniendo en cuenta que "algunos de los testigos son guardias civiles que están bajo el mando de este sargento primero".

Por todo ello, la AUGC ha solicitado al responsable de la Comandancia la situación de suspensión de funciones de este suboficial, "de acuerdo con el artículo 85.1 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y en concordancia con el artículo 54.1 de la L.O. 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario, ya que la situación entre el imputado y los testigos declarantes pudiera repercutir en la instrucción de la causa".

"Aquellos que amparen a supuestos corruptos tendrán que responder tarde o temprano ante la justicia", han subrayado desde esta asociación, añadiendo que "no existe término medio: o estas contra la corrupción o con ella".

Asimismo, han abogado por "la tolerancia cero contra la corrupción, venga de donde venga", lo que, según han lamentado, ha contribuido a "no contar con el apoyo y aprecio que se debe tener a quienes realizan esta lucha y al aislamiento institucional". Sin embargo, se han mostrado seguros de que con esta actitud "contribuiremos a la erradicación de estas deplorables conductas".