Canarias registró entre los años 2000 y 2010 un total de 35 casos de corrupción y el 39,8 por ciento de los municipios del archipiélago se vieron afectados, lo que representa el segundo mayor porcentaje por comunidades autónomas, según un estudio realizado por el Grupo de Investigación sobre Subdesarrollo y Atraso Social (GISAS) del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna.

El estudio, que fue publicado en la revista 'ERÍA' de la Universidad de Oviedo, refleja que Andalucía es la comunidad con mayor número de casos de corrupción, con un total de 154, seguida de Valencia (94), pero es Murcia, con un total de 26 casos, el que aglomera la mayor ratio de corrupción debido, en parte, a que es la comunidad con menor número de ayuntamientos, 45.

En términos relativos, la Región de Murcia es seguida por Canarias, con el 39,8 por ciento de los municipios afectados (35 casos en total); Baleares, con el 35,8 por ciento de los municipios afectados (24 casos), y Asturias, con el 26,9 por ciento (21 casos de corrupción).

Así lo ha hecho saber declaraciones a Europa Press el coordinador de GISAS y profesor del departamento de Geografía de la Universidad de La Laguna, Víctor Martín, quien explica que los datos fueron recabados entre 2007 y 2011 por una persona dedicada en exclusiva a analizar la información aparecida en los periódicos locales, en blogs y asociaciones ecologistas y vecinales, a través de Internet y por la prensa.

En algunos casos, los investigadores llegaron a almacenar cientos de páginas de algunos caso de corrupción, que narraban "con pelos y señales" todo lo que había ocurrido y la trama que se escondía detrás de todo. En algunos municipios, incluso, recuerda que "hay tres o cuatro casos de corrupción".

El objetivo de este proyecto, financiado por el Gobierno central, era averiguar cómo se producían esos casos de corrupción y plantear las soluciones para evitar que se volviera a producir. Para ello, el GISAS de la Universidad de La Laguna llegó a destinar a esta labor un total de siete investigadores.

El estudio solo analizó, en principio, desde 2000 hasta 2008, pero como los casos "seguían reproduciéndose", los investigadores decidieron ampliar el análisis hasta 2010, porque los casos "habían aumentado el número de casos un 50 por ciento en apenas dos años, pasando de 400 a casi 700".

Achaca este aumento de los casos investigados al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y a la creación de grupos policiales especializados, porque "había una llamada de atención de la ciudadanía, que reclamaba la investigación de estos casos".

Asimismo, achaca este incremento de los casos detectados a la labor desarrollada por "los grupos vecinales, ecologistas y blogs de ciudadanos a título individual, que han ido aportando datos". Se trata de una cultura que "busca la transparencia en los procesos judiciales sobre el desaforado desarrollo urbanístico", remarca.

Martín explica que la información recabada por su grupo de investigación está todavía "por explotar" porque lo que han hecho hasta ahora ha sido "contar los casos de corrupción, ver qué tipo de infracción se cometía y que partidos políticos estaban en el gobierno en ese momento". Por tanto, queda por interpretar la información y aclarar cómo se desarrolló cada uno de los casos.

Reconoce que se trata de datos que entran más en el terreno de la criminología, lo delictivo o en el ámbito judicial que lo propiamente geográfico, pero advierte que estas informaciones tienen una repercusión territorial, social y económica "importantísima". "Ahora estamos pagando las consecuencias de todo lo que se hizo en aquel momento", advierte Martín.

Atraso estructural de españa

Este grupo de investigación de la Universidad de La Laguna lleva investigando un cuarto de siglo en temas relacionados con la corrupción. Con el 'boom' inmobiliario generado entre 1986 y 1989, que pilló a Martín haciendo la tesis doctoral, este grupo ya detectó que estos procesos conducen a situaciones de crisis como las actuales".

De hecho, Martín recuerda que en la crisis de 1990 y 1991 en España "produjo tasas de paro iguales a las que tenemos en la actualidad". La única diferencia es que, en la actual crisis, lo que se ha construido entre 1998 y 2008 "es mucho más que el doble que lo edificado entre 1988 y 1989".

Ya entonces, Martín y su grupo de investigación advirtieron que esos procesos "conducen a una crisis que hace empobrecerse al país y a al sociedad, tal y como estamos viendo ahora". Ahora mismo, afirma que "hasta el propio sector inmobiliario está en crisis, con problemas claros de mantenimiento de infraestructuras, urbanizaciones y viviendas".

En aquel entonces, España pudo salir adelante "gracias a Maastricht y la entrada en la zona 'euro'", pero advierte que ya no va a volver a producirse una situación política de este tipo. Al contrario, advierte que la crisis actual "va a durar unos cuantos años".

El atraso social y estructural que tiene España con respecto al ámbito europeo "ha quedado en evidencia aún más con esta crisis". Por eso, el GISAS de la Universidad de La Laguna ha estado investigando durante muchos años las causas de ese atraso, y han llegado a la conclusión de que detrás de todo se encuentra "el fenómeno de la propiedad y de la no democratización de la propiedad de la tierra".

Esto es así porque, en otros países, la propiedad "se fue democratizando a través de los procesos de evolución o revolución en el siglo XIX", mientras que en España "pervivió la gran propiedad, que es el origen del atraso actual". Por eso, remarca Martín, la economía de España tiene "una base territorial tan importante".

Esto es especialmente relevante en comunidades como "Canarias, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha o Extremadura", donde "hay un problema histórico en la propiedad". Incluso, advierte que esta situación explica "la guerra civil española, el franquismo y la transición no acabada".

Ahora, afirma, España necesita "industria y agricultura más que nunca", pero el proceso del 'boom' inmobiliario acabó con estos sectores. Para llegar a estas conclusiones, el GISAS está formado por un personal multidisciplinar, pero "pequeño y con escasa financiación".