El Ministerio de Economía argumenta que las pérdidas que están sufriendo los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada son inferiores a las que habrían padecido de haberse liquidado las entidades financieras que las emitieron, y se remite a las instancias judiciales para determinar si se trata de una estafa o no.

Así lo ha puesto de manifiesto el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, ante la subcomisión de Transparencia de los productos financieros e hipotecarios del Congreso, según consta en las actas de la sesión a las que ha tenido acceso Europa Press.

Temboury reconoció que las quitas soportadas por los preferentistas son "dolorosas" pero son "por fuerza inferiores a las pérdidas que hubiesen asumido en el caso de liquidación y quiebra de las entidades de crédito".

"El mecanismo de reestructuración y de resolución no excluye una valoración independiente para que esas quitas y pérdidas sean menores que las que hubiera producido una liquidación desordenada en la que no hubiese habido asistencia financiera pública", insistió.

Defensa del arbitraje

Tras recordar que la decisión de imponer quitas a estos productos viene obligada por el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate bancario, el responsable gubernamental alegó que es la jurisdicción penal la que debe "dilucidar" si ha existido una estafa en la venta de las preferentes y la deuda subordinada, y recomendó a los afectados a acudir al arbitraje como vía rápida y segura para recuperar sus fondos si realmente fueron engañados.

En este sentido, apuntó que Bankia ha recibido (a fecha 18 de junio, cuando se produjo su comparecencia) casi 110.000 solicitudes de arbitraje de las que la consultora KPMG ha aceptado 15.469 por cumplir los criterios establecidos por la comisión de seguimiento que preside la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, ya se han firmado 4.395 convenios arbitrales y se han producido 21 laudos positivos, "aunque se espera, obviamente, que este número se incremente rápidamente" según el subsecretario, que ha defendido la independencia de KPMG al margen de que hubiera tenido relaciones con la entidad bancaria en el pasado.

Por su parte, NCG Banco ha recibido 63.725 solicitudes, de las que 30.000 han sido aceptadas. Así, se han firmado 22.6368 convenios y ha habido unos 18.000 laudos positivos. Catalunya Caixa, la otra entidad nacionalizada, ha aceptado ya 12.192 solicitudes, ha firmado 11.504 convenios y ha dictado 5.361 laudos positivos.

Mejorar la transparencia

Con respecto a la mejora de la transparencia en los productos financieros, objeto de estudio de la subcomisión, Temboury señala que hay que centrar "los esfuerzos en analizar aquellos productos que, durante los últimos años, se han comercializando aparentando ser una cosa distinta de lo que eran, o simplemente no ofreciendo toda la información", y recuerda que las consecuencias son distintas en ambos supuestos, aunque siempre "invalidantes".

Así, vender un producto disimulando sus características es un engaño, ante el que los poderes públicos "tienen la obligación de aprobar las normas necesarias para penalizarlo, para que no vuelvan a repetirse, prohibiendo determinadas conductas e incluso determinados productos que per se son engañosos". Sin embargo, no dar toda la información es un error, para el que el mandato "siempre debe ir más bien encaminado a que la información disponible sea más precisa, más clara y, si es menester, más abundante".

En este punto, el subsecretario advierte de que aumentar la información exigida puede conllevar a "que los contratos forzosamente sean de letra pequeña y que nadie se los lea" por lo que su recomendación es "no exigir mucha información, sino que la que se exija sea simple, llana y perfectamente comprensible". "La información más valiosa a lo mejor es una información muy sencilla y muy simple", insiste.

Finalmente, recuerda los principios fundamentales del ordenamiento jurídico sobre contratación son el 'pacta sunt servanda', es decir, que las obligaciones deben ser cumplidas; la presunción de validez del consentimiento, sin la cual se produciría "la muerte del sistema de contratación"; y el principio de responsabilidad de los actos propios, ya que asumir que los consumidores no son responsables de su decisión implica también que no tengan la libertad de elegir.