La Consejería de Salud y Bienestar Social ha replicado a la vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, acerca de la tercera convocatoria pública de medicamentos, que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ya decidió suspender el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la Resolución de la Dirección Gerencia del SAS que aprobaba el listado definitivo de medicamentos seleccionados por convocatoria pública.

En un comunicado, el departamento que dirige María Jesús Montero ha enjuiciado así que esta decisión judicial "conllevaba igualmente que no se adoptasen medidas cautelares sobre la selección de medicamentos".

Del mismo modo, ha reprochado la "estrategia" del Gobierno central para plantear modificaciones legales que tumben la subasta de medicamentos de Andalucía. "Este procedimiento lo quieren llevar a cabo a través de unas alegaciones a una norma de farmacovigilancia para modificar la Ley del Medicamento e impedir las iniciativas de las comunidades tendentes a conseguir ahorros económicos", han agredado desde la Consejería del ramo.

El PP andaluz ha señalado este viernes que no tiene "ninguna duda" de que el Gobierno de la Nación volverá a llevar ante el Tribunal Constitucional la tercera subasta pública de medicamentos anunciada por la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y que se publicará en los próximos días en su Boletín Oficial (BOJA).

Corredera ha apoyado esta más que probable decisión del Ministerio de Sanidad —ya lo ha hecho en las ocasiones anteriores—, al considerar que estar tercera convocatoria pública para la selección de principios activos atenta contra la "equidad" de los andaluces desde el punto de vista sanitario, ya que los residentes en la comunidad "no van a tener derecho a acceder a los mismos medicamentos" que el resto de ciudadanos del país.

También ha querido aclarar que a lo que ayer dio luz verde la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados es a un "anteproyecto de Ley" cuyo objetivo, ha insistido, es el de dar curso a una directiva europea para que se "garantice la accesibilidad a los medicamentos de todos los españoles". Es decir, "que si se decide bajar el precio de un medicamento sea para todas las comunidades autónomas, no solo para una".

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