La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP-A, Ana María Corredera, ha defendido este viernes el mantenimiento del Defensor y la Cámara de Cuentas en Andalucía como figuras que están contempladas en el Estatuto de Autonomía de la comunidad y con las que, por tanto, su partido "seguirá contando".

Así lo ha aclarado al ser cuestionada en rueda de prensa por los periodistas sobre qué posición defiende el PP-A una vez que se ha conocido que en el informe del Gobierno sobre la reforma de las Administraciones Públicas se contempla la supresión, entre otras, de estas instituciones a nivel regional.

Corredera ha advertido de que sendas supresiones "no serían posible en Andalucía porque están en el Estatuto" y de que, para que ello fuera una realidad, habría que modificarse dicho texto normativo, algo que el PP-A no se plantea porque, según ha insistido, se trata de una norma que su partido "ha defendido y defiende".

La 'popular', que en todo momento ha querido incidir en que lo anunciado por el Gobierno sobre la reforma de las Administraciones Públicas es "sólo un informe" sobre el que "debatir" para llegar a un "consenso" entre todos los organismos implicados —incluidas las comunidades autónomas—, también ha dicho que el hecho de que en Andalucía no sea posible sin la referida modificación del Estatuto, "no significa que otras comunidades no lo hagan", algo que ha dejado a la libre elección de cada una.

Cuestionada sobre si la eliminación de estas instituciones va a influir en el objetivo de déficit que el Ministerio de Hacienda fije para cada gobierno autonómico en 2013, Corredera ha advertido de que las declaraciones realizadas por el ministro Cristóbal Montoro al respecto no pueden entenderse como "un ultimátum cuando se trata de un texto que ni siquiera ha empezado a debatirse".

En esta línea, ha incidido en que, al igual que el objetivo de déficit aún está siendo analizado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), este informe de expertos sobre la reforma de las Administraciones Públicas está al inicio de su camino y que, por tanto, puede sufrir muchas modificaciones hasta que se convierta en un proyecto de ley. "De antemano no podemos decir que sea una condición. Una cosa es plantearlo y otra es que al final se haga", ha argumentado.

Eliminaría la delegación de la junta en madrid

La vicesecretaria del PP-A, que también ha rechazado las críticas de las comunidades que han acusado al Gobierno de elaborar este informe sin contar con ellas al entender que "quizás es que no han hecho ninguna propuesta" para ello, también ha dado algunas pistas y recomendaciones a la Junta sobre por dónde podría empezar a "recortar de la grasa administrativa" que le sobra.

Además de en lo que los 'populares' definen como "administración paralela", Corredera, a preguntas de los periodistas, ha sido más concreta y ha afirmado que el PP-A va a defender la supresión, por ejemplo, de la Delegación de la Junta en Madrid, ya que "no sirve para nada" porque ya existe una relación "fluida" entre el Gobierno y la Junta sin necesidad de ella.

Tras recordar que esta delegación "quizás sólo ha podido servir para contratar a la pareja de la que era ministra" —en referencia a Bibiana Aído—, la 'popular' ha apostado por eliminar esta sede aunque no así la que la Administración autonómica tiene en Bruselas, la cual, sí considera "necesaria". Por contra, ve "claramente prescindibles" algunos de los Observatorios regionales, aunque no ha detallado cuáles exactamente.

Más transparencia y menos grasa política

Durante su comparecencia de prensa, Corredera se ha afanado en defender esta reforma de las Administraciones públicas porque, en su opinión, urge que sean "más moderna, más transparentes, más cercanas a los ciudadanos y sin duplicidades".

Por eso, ha pedido a los miembros del Gobierno andaluz que "se sumen" al proyecto del Gobierno y hagan un "esfuerzo" para ser "más austeros" y, sobre todo, "para adelgazar la grasa política" de la Administración andaluza para dedicar esos fondos "a políticas sociales, educativas y sanitarias".

Principalmente, según ha insistido la 'popular', porque el gasto de la Junta en altos cargos, delegados territoriales y puestos de confianza es "más elevado" incluso de los 44 millones de euros en los que lo cifró la semana pasada el secretario general del PP-A, José Luis Sanz. Aunque sin querer corregir a su compañero, Corredera ha dicho que su partido se "quedó corto" dando esa cifra porque, si se analiza el detalle de las partidas que la Junta destina a estos puestos, la cantidad total asciende considerablemente (aunque no ha dado otro número global) si se tienen en cuenta, además, los gastos a la Seguridad Social que implican estas nóminas, los pluses que se pagan por productividad o las dietas y desplazamientos.

Por todo ello, y tras exigir al "bipartito" que detalle de una vez el número de altos cargos y puestos de confianza que trabajan tanto en la Junta como en todos sus entes instrumentales, Corredera ha lamentado la "clamorosa falta de transparencia" que pone de manifiesto, según ha ejemplificado, que sólo en pagar nóminas de altos cargos "y sus acólitos", la Junta gaste "no menos de 85.000 euros diarios" y "200.000 en pluses y dietas".

Otro ejemplo es que "sólo dos consejerías", la de Presidencia e Igualdad y la de Administración Local y Relaciones Institucionales, consuman 9 millones de euros de los 32 que se destinan a los altos cargos de todo el Ejecutivo andaluz.

"Las cuentas son las que son. Y el bipartito usa la trilería política para ignorar y no dar las cifras de los puestos singularizados", ha advertido Corredera para reprobar que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, negara los datos del PP-A y asegurase que son 220 los altos cargos que trabajan en la Junta y que suponen un gasto de 12 millones al año.

Para Corredera, estas explicaciones del Ejecutivo autonómico son "un insulto a la inteligencia de los andaluces" como también lo es, en su opinión, que casi un 23 por ciento del presupuesto total del Programa de Memoria Democrática de la Junta (en manos de IULV-CA), sea "para pagar las nóminas de los dos únicos cargos políticos" que trabajan en dicho plan. "De 626.891 euros, 140.100 son para este personal, el equivalente al 51 por ciento de lo que destinan a recuperar la memoria democrática", ha censurado.