La Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) saldrá a la calle el próximo mes de septiembre para recoger entre 40.000 y 50.000 firmas que avalen la presentación de una Iniciativa Legislativa popular (ILP) contraria a los recortes que lleva a cabo la Junta.

Así lo ha trasladado, en el marco de una asamblea celebrada en Valladolid, su portavoz, Quinidio Martínez, quien ha explicado que los funcionarios, a través de la Plataforma, harán lo "nunca hecho" por nadie: "enfrentarse a la Junta en la arena de las Cortes".

De este modo y en caso de que el Ejecutivo regional no "acelere" la eliminación de la "administración B", formada por empresas, fundaciones y entidades vinculadas a él y que realizan labores "paralelas" y "dobles" a las de la administración, Pladepu presentará la ILP avalada por las firmas, que Martínez cree conseguirán en dos o tres meses "sin ninguna duda".

Por ello, ha solicitado el retorno del trabajo a las consejerías para, en un plazo de dos o tres meses, poder auditar su presupuesto, deuda y ver si existe personal suficiente para llevarlo a cabo o sería necesario activar la bolsa de contratación temporal.

"Con nuestra propuesta de disolución de administración B no se despide a nadie: al contrario que ellos, se quedarán en la calle los jefes de esas empresas, que no debieron estar nunca", ha señalado antes de recalcar que, cerrada la puerta de la "administración B", se cierra la principal puerta de la "corrupción" en España.

En esta misma línea, ha considerado "prácticamente imposible" conocer la dimensión del gasto de la "administración B" aunque ha estimado en 200 millones el posible ahorro procedente de gastos fijos.

Además, Martínez ha considerado que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, "no tiene margen" para profundizar en las reformas y recortes que la Plataforma le planteó el pasado mes de mayo y que se centran, fundamentalmente, en esa "administración B".

Aviso sobre los expedientados

Martínez, quien con la vista puesta en el próximo debate de Política General ha reclamado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que prescinda del 80 por ciento de sus consejeros ante la coherencia de tener que gobernar en tiempo de recortes cuando también lo hicieron en "época de despilfarro", ha advertido de que la presión de sus denuncias sobre la gestión de la Junta en determinados campos se "incrementará".

"Que la Junta mire para Turquía y para Brasil", ha sugerido el portavoz de la Plataforma, quien ha acusado al Ejecutivo de "acosar y perseguir" a cuatro activistas de este grupo, así como de los Viernes Negros, para recordar, a continuación, que esa presión les convertirá en "mártires" y se harán "mucho más fuertes".

En la misma línea, ha asegurado que se mantendrán las denuncias ante las delegaciones territoriales y el Procurador del Común —"si los funcionarios no cuentan lo que saben no se lo perdonarían"— procedentes, en muchos casos, de la "politización de la Administración": la pérdida de profesionalidad y su politización afecta "claramente" al "buen funcionamiento" de los servicios públicos.