La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo ha empezado a estudiar posibles medidas judiciales contra el Gobierno central tras el incumplimiento de los convenios de rehabilitación y reposición de vivienda que afectan a 4.206 inmuebles.

En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, ha mostrado su malestar porque la firma de una administración pública "ya no es una garantía", y ha lamentado que se vaya a perder una inversión de 186 millones pactada entre los gobiernos central y autonómico con cabildos y ayuntamientos porque iba a servir para reactivar el sector de la construcción.

De los 46 convenios previstos inicialmente, hay 32 afectados, y en principio, el Estado se ha comprometido a renegociar las actuaciones a partir de 2014 "pero dependiendo de la disponibilidad presupuestaria", ha subrayado Rojas.

Según la consejera, ha sido una decisión "unilateral" del Gobierno central que ni siquiera está condicionada por el ajuste que habían solicitado los ayuntamientos para que la inversión se ampliara al tiempo con menos aportaciones anuales.

No en vano, el Gobierno central ha recortado el presupuesto destinado a Vivienda en Canarias un 83 por ciento, de 14 a poco más de 1,6 millones, ha comentado.

Así, quedará afectada la reposición de viviendas de 488 familias: las 37 cuarterías de Mata (Gran Canaria), 114 viviendas en Tamaraceite (Gran Canaria), y están aprobados y pendientes de resolver trámites previos para iniciar las obras en El Centurión, en La Laguna (Tenerife), 115 en La Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y los arus de Valterra y Titerroy (Lanzarote).

REHABILITACIÓN

En cuanto a la rehabilitación, se interviene en 3.718 viviendas ubicadas en los barrios de Santa María del Mar, Ofra, La Salud, El Toscal, Miramar, La Victoria, en Santa Cruz de Tenerife; Las Rosas en Adeje; casco histórico de la Orotava; Antón Guanche en Candelaria; La Verdellada, El Cardonal, San Luis Gonzaga y el casco histórico en La Laguna; los barrios de Escaleritas, San José y Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, y las 90 viviendas de Puerto del Rosario en Fuerteventura.

"El Ministerio solo pagará deuda, o sea aquellos que ya estén culminados y que el Estado no hubiera pagado alguna anualidad como ocurre con la primera y segunda fase del casco histórico de La Laguna y la segunda fase de la Verdellada", ha detallado.

El Gobierno de Canarias ha culminado en los últimos años la rehabilitación o reposición de 14 barrios a través de los convenios que tiene establecidos con el Estado y las administraciones locales. En concreto, se trata de dos áreas de reposición urbana, lo que ha supuesto derribar las viviendas antiguas y reconstruir el barrio entero a 150 familias más 12 áreas de rehabilitación integral que han mejorado el entorno del barrio y la vivienda a 2.224 familias canarias.

En cuantos a las reposiciones, se han culminado las 108 viviendas del barrio de Cuesta Piedra, en Tenerife, y la reposición de las 42 viviendas de los barrios palmeros de Mirca y Timibúcar.

Sobre rehabilitación, se han culminado un total de 12 áreas: las 147 viviendas de Puente Taco, 144 viviendas en el barrio San Antonio, las primeras fases del barrio de la Victoria (60 viviendas), del barrio Miramar (95 viviendas), del Polígono de Ofra (56 viviendas) y del barrio Santa María del Mar (112 viviendas).

Además, la primera fase del casco histórico de La Laguna (38 viviendas) y de la Verdellada (80 viviendas) y la rehabilitación de la urbanización Campino en Icod de los Vinos (193), en Tenerife.

Asimismo, destaca la rehabilitación de 100 viviendas en Tirma, Santa María de Guía y 1.152 viviendas en Las Remudas, en la isla de Gran Canaria, lo mismo que la rehabilitación de 48 viviendas en San Sebastián de La Gomera.