El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este jueves que la medida que el Gobierno tiene previsto poner en marcha para controlar la deuda comercial en el sector público, enmarcada en la reforma de las Administraciones Públicas, incluirá "sanciones" a las que "no paguen" sus facturas en un máximo de "30 días" con el objetivo de reducir la morosidad del sector público.

Así lo ha manifestado Beteta durante la inauguración del IV Encuentro Morosidad de las Administraciones Públicas organizado por Unidad Editorial, en el que ha añadido que con el nuevo mecanismo de pago a proveedores, avanzado en abril por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se pondrá "al mismo nivel" el control del déficit público y el pago a tiempo para que "el cumplimiento de los principios legales de pago no sean una excepción sino lo normal".

"Ese es el objetivo del Gobierno, que la ley regule y ponga con la misma sanción, la misma obligación y el mismo rigor el pago a tiempo y el control de déficit", ha señalado, para añadir que la reforma "obligará a llevar a cabo grandes modificaciones internas en cuanto a la planificación de las comunidades autónomas puesto que los presupuestos de tesorería serán tan importantes como los propios presupuestos de ingresos y gastos".

Tal y como ha recordado Beteta, el propio ministro ya anunció que el nuevo mecanismo para garantizar que las administraciones públicas paguen a sus proveedores en 30 días, como dispone la Ley de Morosidad, implicará "más condicionalidades" para aquéllas que se acojan a este instrumento.

Se presentará en julio

Asimismo, el secretario de Estado ha confirmado que el nuevo plan de proveedores requerirá la modificación de ley orgánica, que "todas las administraciones tendrán que cumplirlo" y que se presentará "en muy breve plazo, previsiblemente en julio". "Se presentará una reforma muy importante que asegurará el control de la deuda comercial en el sector público", ha insistido.

Todo ello permitirá fijar, según ha defendido, "un marco más fiable, más disciplina fiscal y más seguimiento" con el "objetivo claro" de "evitar la morosidad, sanear las cuentas de las Administraciones Públicas e impedor que ese control del déficit pueda traer como consecuencia que existan situaciones de impago, que pueden traer destrucción de empleo". "Eso tiene que terminar, y va a terminar", ha sentenciado.

"Con la reforma para el control de la deuda comercial en el sector público es cuando realmente vamos a conseguir cerrar ese círculo, para que el cumplimiento de los principios legales de pago no sea una excepción sino lo normal. Queda mucho por hacer, pero lo tenemos muy claro. La lucha por la recuperación económica pasa por la lucha contra la morosidad", ha concluido.