El alcalde de la Villa de Moya (Gran Canaria), Poli Suárez, y el concejal de Urbanismo, Raúl Afonso, aseguraron que fueron ellos mismos, acompañados del secretario de la Corporación, quienes informaron a la Guardia Civil sobre los hechos que conllevaron la detención de tres personas, una de ellas el arquitecto municipal, por unos supuestos delitos urbanísticos.

Así lo pusieron este jueves de manifiesto durante una rueda de prensa en la que informaron de los hechos investigados en el marco de la denominada 'Operación Suspiros' de la Benemérita, según informó el propio Consistorio grancanario.

El primer edil recordó que tomó posesión como alcalde en junio de 2011 y que si bien al comienzo de su mandato se escuchaban rumores sobre lo que supuestamente sucedía, fue el 5 de diciembre de 2012 cuando, a raíz de los primeros testimonios en firme, decidió personarse ante la Comandancia de la Guardia Civil para presentar la denuncia.

En este sentido, recalcó que los hechos denunciados, supuestamente constitutivos de delito, "obedecen al comportamiento aislado de una sola persona, en este caso un funcionario municipal".

Suárez insistió en que en ningún caso afectan al resto del área de Urbanismo, por lo que no se debería poner en duda la honorabilidad del resto de trabajadores públicos ni manchar el buen nombre de la institución ni del municipio.

El ayuntamiento reaccionó con "rapidez y contundencia"

Asimismo, explicó que los actuales representantes del Ayuntamiento reaccionaron con "rapidez y contundencia" al tener conocimiento de lo que acontecía por que, además de presentar la denuncia, tomaron medidas internas para poner fin a las presuntas irregularidades.

Con todo, Suárez no quiso valorar ningún caso concreto ni ofrecer detalles de la investigación, por una cuestión de obligada prudencia sobre un asunto que está en sede judicial.

El alcalde señaló que "ahora es el turno de la Justicia, con la que el Ayuntamiento de la Villa de Moya seguirá colaborando para aclarar todos y cada uno de los presuntos delitos que están siendo investigados, aportando toda la documentación y todos los expedientes del área de Urbanismo que están siendo requeridos por los juzgados, desde 1997 (año de incorporación al Ayuntamiento del arquitecto municipal) hasta 2012".

El funcionario presuntamente implicado sigue en su puesto

Por último, el alcalde y el concejal de Urbanismo explicaron que el funcionario presuntamente implicado en estos hechos continúa en su puesto en la actualidad, porque a pesar de ser el denunciante, el Ayuntamiento está obligado a respetar la presunción de inocencia con total respeto a los derechos y las funciones del arquitecto municipal mientras no exista una decisión judicial que indique lo contrario.

Sin embargo, señalaron que la Corporación ha tomado una serie de medidas preventivas para evitar que se siguieran produciendo hechos como los denunciados, como crear una comisión técnica en la que se informa internamente de todos y cada uno de los expedientes en tramitación.