Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) cerraron durante el Ecofin de este viernes un acuerdo político para que los países puedan reaccionar de manera rápida contra el fraude relacionado con el cobro y declaración del IVA.

"Las deficiencias en el sistema del IVA, en particular en el caso de operaciones transfronterizas, dejan Estados miembros vulnerables al fraude, a menudo con graves consecuencias para los tesoros nacionales", aseguraron los Veintisiete en un comunicado.

Por ello, respaldaron la creación de un "mecanismo de reacción rápida" que permitirá a los países actuar de urgencia en el caso de que detecten casos de fraude "repentino y masivo".

Hasta ahora los Estados miembros que descubrían este tipo de fraudes debían solicitar autorización a la Comisión Europea (CE) y al Consejo de la UE para actuar, lo que ralentizaba el proceso y daba margen a los defraudadores.

Con la nueva normativa, el país deberá notificar a la CE su intención de poner en marcha el mecanismo, tras lo que el Ejecutivo comunitario dispondrá solo de un "periodo corto" para dar luz verde o presentar sus objeciones, una decisión que deberá tener en cuenta la postura del resto de los socios.

El "mecanismo de reacción rápido" solo podrá aplicarse hasta fin de 2018, de manera que si los Veintisiete desean prolongarlo, será necesario que la Comisión Europea (CE) presente una nueva propuesta que cuente con el respaldo de los Veintisiete por unanimidad.

Además, el Ecofin respaldó otra normativa que permitirá a los países poner en marcha en un mes, de manera voluntaria y temporal, un mecanismo de cobro inverso, según el cual, al contrario de lo que ocurre normalmente, se responsabiliza del pago del IVA a la parte que normalmente es receptora de este impuesto.

Su objetivo es combatir engaños como el llamado "fraude carrusel" que se produce cuando una compañía se queda con el importe del IVA que ha cobrado a sus clientes al vender el producto en otro país en lugar de declararlo a la autoridad fiscal nacional.

Esta medida se podrá aplicar solo en varios sectores tecnológicos -telefonía móvil, dispositivos de circuitos integrados, servicios de telecomunicaciones, consolas de videojuegos, tabletas y ordenadores-, así como en el de los cereales y los cultivos industriales, y en el de los metales en bruto y semielaborados. El mecanismo de cobro inverso también expirará a finales de diciembre de 2018.

Tras lograr este consenso político, el Consejo pretende adoptar formalmente las dos directivas la próxima semana. Pese a las dificultades para cuantificar el impacto de los fraudes relacionados con el IVA, la Comisión calcula que las pérdidas podrían ascender hasta los 106.700 millones de euros en toda la UE, según datos de 2006.

Por otro lado los ministros de Economía de los Veintisiete tenían pendiente este viernes alcanzar un acuerdo político para dar una protección extra a los grandes depósitos de más de 100.000 euros de pymes y particulares, con el objetivo de que sólo tengan que asumir pérdidas en futuros rescates "en casos excepcionales".

El tratamiento de los grandes depósitos, que ha cobrado máxima actualidad tras el fiasco del rescate de Chipre, es uno de los principales escollos para lograr un compromiso sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias. El objetivo de esta norma es que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que asuman el coste de crisis bancarias.

En lo que sí hay acuerdo unánime entre los Veintisiete es que los depósitos de menos de 100.000 euros quedarán a salvo de participar en cualquier rescate, a diferencia de lo que ocurrió con el primer plan para Chipre, que preveía una tasa del 6,75%.

El orden de preferencia a la hora de asumir pérdidas será primero los accionistas, luego los preferentistas y a continuación bonistas sénior y grandes depositantes. Sólo al final de la lista, y si el resto de acreedores no llega para cubrir el agujero del banco, se recurrirá a depósitos de pymes y particulares.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete "un nuevo consenso" en la cumbre que celebrarán la próxima semana para impulsar medidas que generen crecimiento económico y reduzcan el paro.

En una carta a los líderes distribuida hoy, Barroso subrayó que "los ingredientes para ese consenso están sobre la mesa" y aseguró que lo necesario ahora es "tomar decisiones y acelerar su implementación".

Barroso pidió un acuerdo definitivo entre los Estados miembros y la Eurocámara sobre el presupuesto europeo para el periodo 2014-2020, que estará dotado con cerca de un billón de euros, y un pacto para aplicar la iniciativa comunitaria de empleo juvenil.