El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Ávila, ha asegurado este jueves que respeta las acuaciones judiciales después de que Mercedes Alaya, la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, considera que el dueño de Uniter, José González Mata —a quien en la noche de este martes envió a prisión eludible bajo fianza de 600.000 euros—, "sería uno de los principales partícipes en el saqueo de las arcas andaluzas, con la indiciaria connivencia de sindicatos y cargos públicos de la Junta".

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Beas (Huelva) para presentar los resultados del concurso minero, el consejero ha hecho hincapié en que sobre los asuntos que se encuentran en sedes judiciales no realiza valoración.

Hay que recordar, en este punto, que la magistrada imputa al propietario de la mediadora Uniter presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, apropiación indebida, asociación ilícita, cohecho, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

A su juicio, Uniter realizó "pagos periódicos a los sindicatos UGT y CCOO, los cuales se verificarían de manera fraccionada a través de distintas entidades y no responderían a ningún concepto definido y efectivamente soportado, pues los mismos no prestarían ni facturarían ningún servicio a Uniter que los justificara", añadiendo que ambos sindicatos "habrían impuesto, de manera arbitraria e ilegítima, tales pagos como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de reestructuración empresarial".