Jueza Alaya
La jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla. EFE

Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, ha dicho a la juez que investiga los ERE fraudulentos que los sindicatos UGT y CCOO cobraban un porcentaje en cada expediente como "una auténtica medida de presión" pues en caso contrario amenazaban con no firmar los expedientes. Albarracín estaba ya imputado como responsable de la aseguradora Vitalia por las presuntas sobrecomisiones que cobraban en cada ERE y este miércoles ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya y ha sido imputado de un nuevo delito de blanqueo de capitales por haber canalizado presuntamente esas ganancias a través de su empresa familiar Permar 21.

La jueza ha imputado a Albarracín haber comprado, con el importe de su "actividad ilícita", ocho inmuebles entre 2006 y 2011En el texto de su declaración, Albarracín afirma que la comisión que cobraban los sindicatos era "una auténtica medida de presión" ya que "se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan".

Ese coste suponía un 0,5 % para UGT y un 0,5 % para CCOO, la empresa "le exigía a la mediadora que le pagase ese importe" y "no tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación".

En Andalucía, la relación entre los directores generales de la Junta y los sindicatos era "enormemente fluida", recoge el acta de la declaración, aunque el imputado utilizó la palabra "compadreo", según han informado a los periodistas abogados personados en la causa. Albarracín ha afirmado que, cuando en sus correos electrónicos se refería a la necesidad de pagar a "los señores del Sur", se estaba refiriendo al exsindicalista Juan Lanzas, encarcelado desde marzo en la nueva fase de investigación sobre los ERE, centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.Ha precisado que Lanzas cobraba de Vitalia un 5 % pero distribuido entre diferentes expedientes, de forma que el beneficio fuera "equitativo y proporcional".

La juez Alaya ha imputado a Albarracín haber comprado, con el importe de su "actividad ilícita", ocho inmuebles entre 2006 y 2011, así como haber recibido de Atrado Mensajería, una presunta empresa pantalla, 117.066 euros que "no obedecían a la prestación de ningún servicio".

Fianza de responsabilidad civil

La juez ha interrogado a Albarracín sobre el papel de los sindicatos después de que ella misma, en el auto que anoche envió a prisión al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, afirmara que UGT y CCOO habían disfrutado "durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".

Las empresas de González Mata destinaron entre 2001 y 2011 un total de 3.253.031 euros a UGT y CCOO, mientras que la aseguradora Vitalia destinó 4.291.384 euros, añadió el auto, que calificó estos hechos como un "saqueo de fondos públicos".

Tras la declaración de Albarracín, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para él una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros y que se mantengan las medidas cautelares de bloqueo de sus cuentas corrientes y prohibición de disponer de todos y cada uno de sus bienes inmuebles, así como el embargo de dos vehículos que constan a nombre de Permar 21.

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