La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento de Andalucía ha rechazado este martes, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una iniciativa del Grupo Popular para instar al Consejo de Gobierno de la Junta a que, "de forma inmediata, se ponga en contacto con los decanos, presidentes de Audiencias y jueces o magistrados" que en cada provincia tramitan causas de especial complejidad "a fin de dotarlos inmediatamente de los recursos que reclamen".

Según ha defendido la 'popular' Rosalía Espinosa, este refuerzo se hace necesario en tanto en cuanto en Andalucía se tramitan "un tercio" de los 2.173 procedimientos de especial complejidad de toda España. En concreto, según un informe encargado a principios de año por el Consejo General del Poder Judicial, 656 en un total de cien órganos judiciales andaluces.

De ellas, el PP-A destaca que 541 responden a presuntos delitos contra las administraciones públicas y el orden socio económico, es decir, de delitos que, según ha calificado Espinosa, pertenecen a la "lista de la vergüenza: blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, etc...".

Ante ello, los 'populares' andaluces piden que "no se cumpla el viejo aforismo de 'perro no come carne de perro' y sea el Parlamento el que, en el ejercicio de sus competencias como definen los artículos 147, 148 y 149 del Estatuto, pida que se detecten los juzgados afectados por macrocausas en Andalucía así como sus necesidades de medios materiales y personales, donde es la Junta la que tiene competencias".

"Nuestro Parlamento debe ser punta de lanza en la lucha contra estas conductas. Por ello nuestra obligación es impulsar de forma especial la dotación de los medios necesarios y dignos a los órganos judiciales que están instruyendo o juzgando estas gravísimas conductas contra lo público, en el marco de nuestras competencias y de nuestro Estatuto", justifica el PP-A en la exposición de motivos de esta iniciativa, consultada por Europa Press.

Enfado de psoe-A E IULV-CA

La proposición no de Ley, a la que el PSOE-A ha presentado dos enmiendas que finalmente no han sido aceptadas, ha sido rechazada por PSOE-A e IULV-CA, formaciones que han criticado duramente a los 'populares' andaluces al considerar que están intentado "engañar a los andaluces" con una iniciativa "trampa" que, además, realiza una "asociación perversa" entre corrupción y medios judiciales, "cosas que no tienen nada que ver por sí mismas".

Así, el portavoz socialista en la Comisión de Justicia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha advertido de que se trata de una proposición "tramposa" con la que el PP-A "solicita a la Junta que se lleven a cabo actuaciones que dependen del Gobierno central", razón por la cual su grupo ha votado en contra de la misma. En su opinión, los 'populares' intentan confundir a la opinión pública "planteando iniciativas tramposas" y, además, rechazando las enmiendas presentadas por el PSOE-A.

En una de ellas, los socialistas instaban al Consejo de Gobierno a continuar impulsando la Comisión Mixta con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se "continúe trasladando las necesidades de medios materiales y personal no judicial de los cien órganos judiciales andaluces que tramitan causas de especial complejidad en Andalucía, a fin de continuar dotándolos (tal y como se viene haciendo) de los recursos que reclamen".

Sobre esta Comisión Mixta también se ha pronunciado la portavoz de IULV-CA Alba Doblas, que ha querido dejar bien claro que mientras ésta exista no se puede hacer lo que pretende el PP-A: "que es cada juzgado diga cuántos recursos necesita", lo que provocaría, a su juicio, que se produjeran desigualdades entre ellos.

Por eso, tras dejar claro que su formación "no ha dicho no a la lucha contra la corrupción ni al refuerzo de los juzgados" como pretende hacer ver el PP-A —cuya portavoz ha dicho estar muy "decepcionada" con el sentido del voto de IULV-CA—, Doblas ha incidido en que cualquier refuerzo de medios materiales y personales debe hacer "de forma global", teniendo en cuenta el conjunto de las necesidades de los cien juzgados que en Andalucía llevan causas de especial complejidad.

A la crítica de IULV-CA sobre la "perversa asociación" que, a su juicio, ha hecho el PP-A entre corrupción y medios judiciales, la portavoz 'popular' ha respondido acusando a los partidos del "bipartito" de "hacer todo lo posible para que "no haya ni luz ni taquígrafos" en las macrocausas que tramitan los juzgados andaluces.

"Nos han acusado de traer al Parlamento una iniciativa de ámbito nacional, pero no es cierto porque el personal no judicial y los medios materiales e informáticos son competencias de la Junta de Andalucía como así lo dice el artículo 147, 148 y 149 del Estatuto de nuestra comunidad", ha advertido Espinosa.

La segunda enmienda del psoe-A

En la segunda del PSOE-A, se especificaba que el Parlamento de Andalucía haría suya la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para instar a la Junta a que, a su vez, se dirija al Gobierno de la Nación para poner en marcha el mecanismo necesario para "implementar, de manera coyuntural y puntual, 64 nuevos jueces de refuerzo, sin perjuicio de mantener muchas de las medidas de refuerzo ya adoptadas tiempo atrás, como fueron la designación de hasta 16 jueces de adscripción territorial o el nombramiento de 11 jueces de refuerzo".

También para "recabar del Ministerio de Justicia el nombramiento de 18 secretarios judiciales más; iniciar gestiones con los ministerios de Hacienda y de Interior para que la Agencia Tributaria, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) puedan agilizar los trabajos que le son encomendados por los juzgados y tribunales, así como la creación de una Unidad Permanente de Peritos adscrita a la Audiencia Nacional, similar a la que ya trabaja a las órdenes de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".