La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que restringirá en aquellas regiones cuyo PIB supere el 75% de la media de la UE las ayudas públicas destinadas a atraer inversiones de grandes empresas durante el periodo 2014-2020.

Esto significa que en el caso de España, sólo Extremadura podrá conceder estas subvenciones sin ningún tipo de límites. También las regiones escasamente pobladas y las ultraperiféricas como Canarias podrán seguir dando ayudas operativas a las empresas en las condiciones actuales.

En el resto de comunidades autónomas, a partir de 2014 sólo se permitirán ayudas públicas a multinacionales si atraen nueva actividad económica, nuevos productos o nuevos procesos de innovación.

Bruselas justifica el cambio alegando que la decisión de una gran empresa de invertir en una región se debe a factores como el coste y la disponibilidad de trabajadores y suelo, los impuestos o la situación económica más que a las ayudas públicas.

Por ello, el Ejecutivo comunitario considera que conceder subvenciones en casos en los que una empresa habría invertido de cualquier modo equivale a "dar dinero gratis que simplemente reduce los costes operativos ordinarios que sus rivales deben afrontar sin ayuda". "Esto conduce a malgastar el dinero de los contribuyentes y a distorsiones de competencia en el mercado único", sostiene Bruselas.

Esta nueva disposición está incluida en las reglas sobre ayuda regional para el periodo 2014-2020. Estas directrices fijan las condiciones en las que los Estados miembros pueden dar ayudas a empresas para atraer inversiones en las regiones más desfavorecidas de Europa. A partir de ellas, el Gobierno deberá determinar qué comunidades autónomas podrán conceder estas subvenciones y en qué nivel.

No obstante, para garantizar que los Estados miembros cubran todas las regiones desfavorecidas, la UE obliga a incluir todas aquellas cuyo PIB es inferior al 75% a la media (como Extremadura) o las que tienen hándicaps permanentes (ultraperiféricas como Canarias y escasamente pobladas).

Además, para garantizar una transición paulatina, las regiones que estaban por debajo del 75% el periodo actual seguirán siendo elegibles para recibir ayuda regional (Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, en el caso de España). La cobertura restante deberá ser decidida por el Gobierno teniendo en cuenta criterios socioeconómicos como el paro.

Los niveles máximos de ayuda se mantiene para las regiones más desfavorecidas. Para el resto de regiones, la intensidad se reduce en 5 puntos porcentuales. Bruselas concentrará su control sobre las subvenciones más grandes, mientras que muchas pequeñas ayudas quedarán exentas de ser notificadas.

Finalmente, se refuerzan las disposiciones anti-deslocalizaciones, de manera que se prohibirá la ayuda pública que provoque el cambio de territorio de una actividad que ya estaba establecida en otro Estado miembro. Para aumentar la transparencia, los Estados miembros deberán publicar en Internet cuánta ayuda regional conceden y a quien.

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