El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha registrado este miércoles una propuesta de comisión de investigación sobre las "masivas irregularidades" en la gestión de los fondos públicos invertidos en la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, según ha indicado EUPV en un comunicado.

Blanco ha pedido que se "depuran responsabilidades políticas" porque un "presunto grupo de delincuentes organizados" aprovechó la visita del papa para "robar y forrarse" a expensas del erario público.

"De todos los viajes del pontífice, el único que ha acabado en los tribunales es el que organizaron Camps, Cotino y García Gascó", ha añadido el portavoz adjunto de EUPV, quien también ha declarado que "se quiere saber cuánto se ha gastado exactamente en la visita del papa, porque hasta ahora las cifras bailan alrededor de los 15 millones de euros".

El diputado ha recordado que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado para organizar la visita de Benedicto XVI, todavía no se ha podido liquidar "por el agujero de más de 4 millones de euros que arrastra".

Blanco ha apuntado que el Consell "se niega" a dar información detallada de las cuentas de esta Fundación aduciendo que es privada, a pesar de que son las tres administraciones publicas las que "ponían la pasta y el Arzobispado quien la presidía", ha criticado Blanco, que considera que "ésta es una de las cuestiones que tendrían que aclararse en la comisión de investigación".

Rtvv y teconsa

Otro tema relacionados con la visita del papa es el contrato de RTVV con la empresa Teconsa, que actualmente se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) como una pieza separada del 'caso Gürtel.

Para Blanco es "injustificable" que el Consell todavía no se haya personado como acusación particular, tal y como se le ha pedido desde EUPV repetidamente. "Parece que sí acusa a Blasco, pero no quiere acusar a Camps, ni a Barberá por el 'caso Nóos'", ha indicado.

El diputado ha señalado el Consell tampoco quiere acusar a Pedro García, ni a Juan Cotino, ni al antiguo arzobispo o al resto de personas que pudieran haber intervenido en la adjudicación del "famoso contrato de más de 7 millones de euros, de los cuales la Fiscalía Anticorrupción acredita que más de la mitad fueron a parar a los bolsillos de algunos amiguitos de Camps", ha finalizado.

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