El sindicato CSI·F ha solicitado a Delegación del Gobierno que dé instrucciones a Abogacía del Estado para cubrir la asistencia jurídica integral de los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) ante "agresiones" por parte de usuarios. La central sindical lamenta la indefensión que ahora sufren estos trabajadores, que se ven obligados a asumir los costes del proceso si deciden denunciar los citados ataques.

La central sindical ha recordado en un comunicado que en el último Comité de Seguridad y Salud del SPEE en la provincia de Valencia pidió "mayor apoyo a los empleados públicos de las oficinas y mejor coordinación con Delegación del Gobierno en los casos de agresiones verbales".

CSI·F asegura que si este año "únicamente se ha producido una denuncia en Valencia se debe a que el protocolo ante agresiones no funciona correctamente". "Nos constan varios casos de empleados públicos amenazados en sus puestos de trabajo que no denuncian por esa falta de apoyo", ha dicho y ha instado a "un mayor respaldo por parte de los responsables de prevención de riesgos laborales de la Dirección Provincial en Valencia".

La central sindical especifica que, para proceder a la denuncia, los afectados tienen que contratar y pagar a su propio abogado. "Carecen de cobertura legal y personal por parte de Delegación del Gobierno. Además, luego han de verse las caras en el juzgado con el denunciado, que sabe perfectamente en qué oficina desarrolla su labor el empleado público", ha apuntado CSI·F, que ha lamentado "la indefensión y el desamparo de los trabajadores ante el incremento de la conflictividad en las oficinas provocada por el aumento del desempleo".

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