El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía le adeuda 9,2 millones de euros, correspondiendo la mayoría de este importe —casi 6,3 millones— a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, "básicamente por impagos de los fondos que financian la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia".

Al respecto, José Loaiza considera que esta "anomalía" justifica la entrada en vigor de una ley que "racionalice" las competencias de las administraciones públicas, lo que supone, a su juicio, "una necesidad"; según expone la Diputación en un comunicado.

"No se puede hablar de políticas sociales —en relación al Gobierno autonómico— para que luego la hagan las diputaciones y los ayuntamientos", ha enfatizado Loaiza, que ha calificado esta demora en los pagos de "clásica", si bien entiende que en las actuales circunstancias económicas el retraso causa "un grave quebranto a las entidades locales".

José Loaiza también ha reprochado la actitud de IU a tenor de las protestas de las empleadas adscritas a la Ley de la Dependencia, "alentadas" por dicha formación política. "Desde Diputación adelantamos con fondos propios la financiación de los servicios vinculados a esta ley; los Ayuntamientos (de IU) no pagan a los trabajadores y encima nos lo ponen en las puertas de Diputación", ha criticado Loaiza, que ha definido esta actitud como "una desvergüenza".