PP-A pide suprimir las expropiaciones de viviendas y crear un fondo para las personas más vulnerables

El Partido Popular andaluz quiere que la Junta de Andalucía modifique la disposición adicional segunda de su decreto ley de la función social de la vivienda para que se suprima el apartado donde se materializa la expropiación del uso temporal de la vivienda y se cree, en el plazo de un mes, "un fondo que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada" para todas aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad como consecuencia del impago del alquiler de su vivienda habitual o de una ejecución hipotecaria.
La vicesecretaria de Territorio del PP-A, Alicia Martínez, en rueda de prensa
La vicesecretaria de Territorio del PP-A, Alicia Martínez, en rueda de prensa
EUROPA PRESS
La vicesecretaria de Territorio del PP-A, Alicia Martínez, en rueda de prensa

El Partido Popular andaluz quiere que la Junta de Andalucía modifique la disposición adicional segunda de su decreto ley de la función social de la vivienda para que se suprima el apartado donde se materializa la expropiación del uso temporal de la vivienda y se cree, en el plazo de un mes, "un fondo que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada" para todas aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad como consecuencia del impago del alquiler de su vivienda habitual o de una ejecución hipotecaria.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa este martes la vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP-A, Alicia Martínez, quien ha resumido a los medios de comunicación algunas de las 82 enmiendas que su partido ha presentado al conocido como 'decreto antidesahucios' y por el que la Junta de Andalucía ya ha iniciado tres expedientes para la expropiación del uso de cuatro inmuebles en la comunidad.

Según ha defendido Martínez, la expropiación no es necesaria en tanto en cuanto las medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación para proteger a los deudores hipotecarios ya da una solución a estas personas en situación de vulnerabilidad social, por lo que ha pedido a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que deje de aplicar esta medida que, además, "supone un trámite y un coste tanto para la Administración como para el inquilino".

A juicio de los 'populares', se trata de "ir más allá" y darle "una vuelta completa" a esta parte del decreto ley de la Junta para implantar un "modelo alternativo que es aplicable ya" y que será "más efectivo de lo que hoy por hoy está haciendo" la Consejería con un decreto que, en palabras de Martínez, "no está cumpliendo con ninguna de las cuestiones que proclama".

"Creemos que efectivamente hay que declarar el interés social de la vivienda y dar cobertura a las necesidades de las personas que están en especiales circunstancias por procedimientos de ejecución hipotecaria y por impago de vivienda habitual, pero creemos que se deben incluir también los desahucios que puedan provenir del impago del alquiler. Por eso creemos que la Administración de la Junta, recogiendo las competencias exclusivas que le otorga el Estatuto, debe crear en el plazo de un mes un fondo para garantizar una vivienda diga y adecuada a todas aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad como consecuencia del impago del alquiler de su vivienda habitual o de una ejecución hipotecaria", ha argumentado al respecto.

Aunque ésta es una de las enmiendas de modificación que el PP-A ha presentado frente al decreto antidesahucios, los 'populares' también han presentado otras de supresión de determinados artículos y también de adición. En total, 82 enmiendas para "mejorar" un texto que consideran que "no hace realmente efectivo la garantía del derecho a una vivienda" que recoge el Estatuto de la comunidad. "Hemos hecho un ejercicio serio y constructivo porque ése fue el sentido de nuestro voto en el Parlamento de Andalucía", ha recordado Martínez sobre la abstención del PP-A en la Cámara autonómica a este decreto ley.

Entre otras medidas, el PP-A reclama la creación de un "registro de viviendas públicas de la Administración de la Junta y sus entes instrumentales" para que "la mayor inmobiliaria de Andalucía" (en referencia a la Junta) tenga como "instrumento básico" en la adjudicación de inmuebles la "transparencia". Para ello, propone que sea un registro de carácter autonómico y que esté "vinculado a la función social de la vivienda" para que no vuelva a ocurrir, "como ha reconocido la propia consejera Cortés", que la Empresa Pública de Suelo (EPSA) actúa con "criterios comerciales" y no sociales.

De forma paralela, los 'populares' demandan un registro voluntario de viviendas públicas y libres que estén deshabitadas y que pertenezcan tanto a personas físicas como jurídicas para dar "cumplimiento al programa de fomento del alquiler" que, según ha advertido Martínez, tampoco ha sido "garantizado" por la Junta en estos últimos años. Además, piden que este registro se publique antes de cada 31 de diciembre para dar publicidad al número de viviendas que se ofrecen al alquiler cada anualidad.

Además de la modificación del registro de mandantes de vivienda pública en la comunidad —para que quede en manos de la Junta y no de los Ayuntamientos como hasta ahora—, el PP-A pide que las funciones de control de todo lo relacionado con la función social de la vivienda la realicen inspectores del cuerpo de funcionarios de la Junta en lugar de los pertenecientes a los "entes instrumentales". También insta a la Administración autonómica a firmar un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para que éste avise de los casos de posibles alzamientos por impago de la primera vivienda.

Según ha resumido Martínez, todas estas enmiendas de su partido al 'decreto antidesahucios' están pensadas para "garantizar la aplicación inmediata" del derecho de la vivienda y para "dar un paso más" a lo que propone la Junta. Sobre todo, ha dicho, porque el Gobierno de Mariano Rajoy ya trabaja en esa línea para "proteger a los colectivos más vulnerables".

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