La Coordinadora para La Prevención y Denuncia de la Tortura en Andalucía (CPDT-A) —formada por el Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace— ha presentado este martes el Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2012, del que se desprende que la comunidad andaluza es la tercera comunidad en denuncias por malos tratos o torturas, tras Cataluña y Madrid. Un 58,8 por ciento de las personas afectadas participaban en movilizaciones sociales.

Durante la presentación de este Informa en Sevilla, Valentín Aguilar, de la Apdha, ha querido dejar claro que "lo que ha caracterizado siempre al Defensor del Pueblo Español y al Estado es la negación de la tortura", toda vez que ha explicado que cuando desde estas asociaciones "se habla de tortura, se hace en el marco de la calificación internacional de la Convección contra la Tortura que difiere un poco del que se establece en la legislación española".

"Cuando hablamos de tortura, hablamos de lo que en España se vienen considerando también casos de malos tratos y los casos recogidos no son todos los que se producen, sino aquellos que hemos podido aportar", matiza Aguilar, quien asegura que "sin duda serán muchísimos más y seguro que algunos de los que se recogen no sean como se describen, pues lo que hacemos es coger las información, tratarla y trabajar con ella".

Dicho esto, Aguilar ha señalado que a nivel nacional "hay nueve situaciones de agresiones, aunque también alguna de ellas en Andalucía, en las que el intento de agresión policial estuvo motivada por el intento de grabar una agresión a otra persona con el móvil". En este sentido, ha aludido al debate surgido después de que el Gobierno anunciara su intención "de intentar limitar las imágenes por parte de los ciudadanos hacia los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Así, ha informado de que en Andalucía se han producido en 2012 un total de 42 situaciones de agresiones en las cuales han sido afectados 97 ciudadanos, "manteniéndose en la media de todos los años, si bien la media de los últimos años estaba en 53", una bajada que, a su juicio, "no se debe tanto a la disminución de esta realidad, sino que a lo mejor ha habido una relajación de nuestra parte en conocer estos asuntos", porque "no tenemos la sensación de que hayan bajados".

Además, "somos la tercera comunidad tras Cataluña y Madrid en existencia de denuncias por malos tratos, con 53, 42 y 42 respectivamente", afirma Aguilar, quien añade que Sevilla es la provincia en donde se han dado más situaciones de malos tratos, seguida de Málaga con diez; Granada con ocho; y Cádiz con seis".

Por grupos de personas denunciantes, 24 han sido situaciones en las que se encontraban personas presas, diez, situaciones en movilizaciones sociales y ocho en inmigrantes". Sin embargo, y pese a que donde más situaciones se han producido es entre presos, "el número de personas denunciantes ha sido superior en movilizaciones sociales con un total de 57", lo que representa "el 58,8 por ciento del total".

Asimismo, ha dicho que los datos según cuerpos denunciados señalan que en el Cuerpo Nacional de Policía "se han dado 18 situaciones; en los funcionarios de presiones, 16 y, en Policía Local, siete".

En cuantos a los centros penitenciarios, Aguilar ha asegurado que "son lugares especialmente opacos, y por tanto donde de manera más sencilla se pueden producir este tipo de prácticas". En este sentido, ha informado de que en mayo se publicó un informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, "en el que se criticaban especialmente los centros penitenciarios y hablaba de sus dos visitas al del Puerto de Santa María y a la prisión de Córdoba".

"Hablaba por ejemplo de una sala que en este último centro se había denunciado de forma reiterada y llamada 'sala de la piedra', lo que generó que se recomendara con carácter inmediato que se retirase esta sala, que ipso facto fue sustituida". No obstante, añade, "los presos siguen denunciando que, aunque ya no existe esta sala, sigue habiendo otra en la que según dicen ellos se amarra a los presos".

Además, Aguilar señala que "se han recogido como malos tratos situaciones en las que los fallecimientos se producen en los centros penitenciarios". Al respecto, ha recordado que la legislación española "es muy transparente y accesible en decidir que nadie debe morir dentro de una prisión, aunque en la práctica no es así".

Por su parte, Luisa Márquez, de la Federación Enlace, ha explicado que desde que surgió este movimiento asociativo a principios de los 90 "se ha ido detectando denuncias de situaciones de maltrato y torturas en comisaría y prisión". "Es común que las personas drogodependientes, con las que trabaja la Federación, reciban tratos vejatorios, malos tratos y torturas en ambos lugares", un hecho que "hay que visibilizar y denunciar para exigir al Estado que ataje estas situaciones".

Sin embargo, continúa, "no se está haciendo como debiera y este tipo de situaciones se siguen produciendo, dando sensación de impunidad el hecho de que se indulte a funcionarios de prisiones o a policías, como ha ocurrido en casos recientes, y se le dé valor a estos funcionarios para que sigan haciéndolo sin ningún tipo de medidas en todo el Estado".

Advierten de la "paralización" de servicios jurídicos en la cárceles

Igualmente, desde Enlace se ha hecho hincapié "en el trato discriminatorio que se da en las cárceles andaluzas, sobre todo en el derecho a la salud, como en el acceso a medicamentos o en las personas con enfermedades mentales, que no están recibiendo un tratamiento adecuado". En este sentido, Aguilar ha advertido también que desde hace más de un año los servicios de orientación y asistencia jurídica en las cárceles "dejaron de ser financiados y, por tanto, paralizados".

Por su parte, desde Grupo 17 de Marzo, Manuel Serrano ha señalado, respecto a la represión ante los movimientos sociales, que el Estado "no pone los medios suficientes para acabar con esta lacra", ya que "el hecho de que sindicatos de policías se personen como acusación particular en un hecho notorio". "Un ejemplo de esta impunidad con la que se sigue ejerciendo es que se ha intentando que la policía lleve su número de identificación y no se consigue", añade, porque "lo que se pretende es impunidad, porque si me grabas o me sacas un ojo con una pelota de goma no vas a poder saber quien soy", insiste.

"cuantos más elementos de protesta social,

Más represión"

"Nunca se ha generado ninguna medida para atajar esto, garantizando siempre la impunidad", reitera, toda vez que afirma que "cuanto más suben los elementos de protesta social, sube la represión". "Lo que se intenta es siempre criminalizar tanto a periodistas como a personas normales su derecho de manifestación", incluso en el proyecto del Código Penal "se está intentando eliminar el término de resistencia activa, para que el término de resistencia pasiva sea un cajón desastre en el que entre cualquier actitud que se convierta en delito".