El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha presentado este martes al Consejo de Gobierno un informe sobre las propuestas que la Junta ha trasladado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo en relación con la reforma del sector energético que actualmente prepara el Gobierno central, en el que reclama la recuperación de un marco de estabilidad y seguridad jurídica tanto para la confianza de los inversores como para el desarrollo de tecnologías más beneficiosas que permitan rebajar la dependencia energética de España.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la propuesta andaluza se dirige a fomentar una política energética capaz de garantizar precios competitivos y seguridad en el suministro, además de afrontar con éxito los retos medioambientales que marca la UE. En este sentido, la Junta recuerda que este tipo de política ha sido decisivo en el liderazgo alcanzado por Andalucía tanto en eficiencia energética como en aprovechamiento de las fuentes renovables.

A su juicio, es imprescindible mantener un marco claro de medidas de apoyo a estos dos objetivos, además de una regulación estable para reactivar las inversiones en tecnologías innovadoras y ajustar el mercado eléctrico a la realidad actual. Respecto a la eficiencia y a las renovables, la Junta solicita asegurar un 20 por ciento de ahorro energético para 2020 a través de iniciativas de eliminación de barreras y fomento de la rentabilidad de las tecnologías dirigidas a propiciar su mayor participación en el 'mix' de abastecimiento energético, sin generar deficiencias en el sistema y de forma paulatina, viable y ordenada.

Recuperar proyectos de ahorro y eficiencia conjuntos entre gobierno y ccaa

En la misma linea, el Gobierno andaluz subraya la necesidad de recuperar los proyectos de ahorro y eficiencia que hasta el pasado año venían realizando conjuntamente la Administración central y las comunidades autónomas en forma de planes de acción. También propone un sistema retributivo suficiente para garantizar una rentabilidad mínima de las plantas y favorecer especialmente a aquellas tecnologías que aprovechen recursos autóctonos de forma masiva y representen mayores oportunidades en términos socioeconómicos y ambientales. Este modelo incluiría fórmulas de subasta a la baja con cupones de potencia anuales para cada tipo de ellas.

De igual modo, la Junta aboga por regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la denominada generación eléctrica distribuida, frente al actual modelo concentrado en grandes instalaciones como centrales térmicas y parques eólicos. El objetivo es permitir la venta de los excedentes del autoconsumo y ampliar así el número de puntos de producción. De este modo, ciudadanos, empresas y administraciones que generan su propia energía (por ejemplo a través de instalaciones solares) podrían compensar los saldos de manera instantánea o diferida y volcar a la red lo que consuman.

A juicio del Gobierno andaluz, también es preciso recuperar los programas anuales que la Administración central desarrollaba en colaboración con las comunidades autónomas para cumplir el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Entre otras previsiones, este documento de planificación estatal consigna 180 millones de euros hasta 2020 a los objetivos de eliminar las barreras para aprovechamiento de la biomasa en usos finales térmicos; regular a nivel nacional el etiquetado sobre caracterización de la biomasa, e impulsar la energía solar térmica más allá de su uso en edificios.

En relación con el ajuste del mercado eléctrico a la realidad actual, la Junta considera necesario plantear en España medidas estratégicas a largo plazo para garantizar la estabilidad y la seguridad del sistema, disminuir la dependencia energética del exterior y alcanzar precios competitivos de la energía.

Reclamaciones sobre energías renovables

Las principales reclamaciones en este ámbito pasan por hacer transparente la estructura de costes e ingresos; revisar el modelo de fijación de precios, costes regulados y fiscalidad aplicada a la generación; diseñar un modelo de mercado eléctrico en el que cada planta obtenga un precio justo por la electricidad que genere, e impulsar medidas de protección a los consumidores domésticos no reduciendo la potencia para disfrutar de la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Finalmente, para reactivar inversiones en tecnologías innovadoras, la Junta propone recuperar la estabilidad del marco regulador y contar con la iniciativa privada como agente fundamental, en un modelo de colaboración público-privada. En este sentido, recuerda que la supresión en 2012 de los incentivos estatales a las empresas del sector, supone, sólo en Andalucía, dejar en el aire casi 12.000 millones de inversiones previstas en nuevas instalaciones, que podrían generar más de 38.000 empleos directos y 4.300 MW adicionales de potencia.

En 2013 las empresas se han visto nuevamente penalizadas por tres normas estatales que modifican los regímenes fiscales y tarifarios, y que fueron recurridas en marzo por la Junta al entender que ignoran las peculiaridades de un sector cuyos proyectos exigen un sobreesfuerzo inversor y tecnológico, además de quebrar el desembolso que las firmas realizaron al confiar en un marco regulador estable y muy distinto.

Liderazgo nacional

El desarrollo de las políticas cuya continuidad reclama ahora la Junta ha permitido implantar en Andalucía un sistema eficiente y basado en la creciente participación de las fuentes renovables. Entre 2008 y 2012 la comunidad redujo su intensidad energética primaria, es decir, para generar la misma riqueza emplea ahora un cuatro por ciento menos de energía.

Andalucía ha alcanzado posiciones de liderazgo nacional en aprovechamiento de renovables, que ahora aportan el 38 por ciento de toda la potencia eléctrica y el 33,5 por ciento de la electricidad que se consume en la región, frente al 6,6 por ciento de 2006. En relación con el consumo de energía primaria, la aportación de estas tecnologías representa el 15,8 por ciento (4,6 puntos por encima de la media española), lo que ha contribuido a reducir en un 42 por ciento las emisiones de dióxido de carbono. El sector de las renovables cuenta en la comunidad con 1.400 empresas que emplean a casi 45.000 personas y han movilizado unas inversiones de más de 11.000 millones de euros.

Por tipos de tecnologías, Andalucía ha superado los objetivos planteados por la planificación energética de la Junta para este año en termosolar (947,50 MW frente a los 800 previstos); solar fotovoltaica (855,33 MW frente a 400 MW); biogás térmico (que duplica las tres kilotoneladas equivalentes de petróleo -Ktep- fijadas inicialmente); biomasa (257,48 MW frente a 256 MW) y biogás para generación eléctrica (26,27 MW para una meta de 20,10 MW). Igualmente, se ha conseguido el 99 por ciento del objetivo para la energía hidroeléctrica (617,28 MW) y el 98 por ciento para la biomasa térmica (635,20 MW).

Estos datos sitúan a la comunidad autónoma a la cabeza de España en las energías solar térmica de baja temperatura, termosolar y biomasa, así como en capacidad de producción de biocarburantes. Andalucía también destaca en fotovoltaica (segundo puesto) y eólica (cuarto). También es la primera región de Europa en centrales termosolares (el pasado año comenzaron a operar cinco nuevos complejos) y cuenta con el 61 por ciento de la potencia total instalada de esta tecnología en España. Las termosolares andaluzas abastecen en 2013 a una población equivalente de 428.000 hogares y evitan la emisión de más de 727.000 toneladas anuales de dióxido de carbono, equivalentes a retirar 460.000 vehículos de la circulación.