El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha defendido este martes el "transparente" proceso de la Junta con los afectados por el cierre de Delphi en Puerto Real, asegurando que serán "respetuosos" con los sindicatos si deciden interponer medidas legales contra la Junta por lo que entienden que ha sido un "agravio comparativo" cometido con aquellos afectados que quedan pendientes de recolocar en los términos estipulados en el protocolo elaborado tras la marcha de la multinacional de automoción en 2007.

"Hemos cumplido con lo que hemos firmado", ha subrayado López Gil en rueda de prensa, que ha criticado, al hilo, a la parlamentaria del PP por Cádiz Ana Mestre por su "actividad de investigadora privada", animándola a que si "ve algo ilegal siga los cauces". En este sentido, ha sostenido que "todos sabían de las empresas, profesores y monitores que ejercían la actividad" y así, ha instado a la popular a que "más que a generar problemas se dedique a resolverlos".

En relación a la propuesta de compra de los suelos de Delphi por parte del Consorcio de Las Aletas, el delegado de la Junta ha recordado que la vicepresidenta del mismo, Susana Díaz, la ha puesto sobre la mesa en dos ocasiones, asegurando que quién ha "atrasado" su posicionamiento al respecto "ha sido la presidenta porque dice que falta por enviar un documento urbanístico que estamos terminando".

"Entiendo que más que pensar si se ha presentado o no un papel, lo que tiene que hacer es posicionarse en el Consejo con respecto a la compra de estos suelos, porque necesitamos suelo industrial para ofrecerlo a coste cero o barato en la Bahía de Cádiz", ha remachado el delegado.