El conjunto de trabajadores del sistema de salud en Castilla y León contará con el carácter de autoridad sanitaria merced a una ley que el consejero del ramo castellanoleonés, Antonio María Sáez Aguado, pretende impulsar con el fin de reforzar el carácter de autoridad de este colectivo ante posibles casos de agresiones físicas y verbales.

Así lo ha anunciado Sáez Aguado minutos antes de presidir en Valladolid el Pleno del Observatorio de Agresiones, ante el cual, tal y como ha explicado, ha dado traslado de su pretensión de, a través de un procedimiento con rango de ley, "reconocer y reforzar" el carácter de autoridad sanitaria de todos los trabajadores de los centros sanitarios de Castilla y León.

Aunque tal iniciativa legislativa no introduce modificación alguna en el tipo delictivo que recoge las agresiones al colectivo de médicos y enfermeros, consideradas como delito de atentado a la autoridad, sí tendrá su efecto en la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo o en vía penal, "donde el informe o el testimonio del funcionario tendrá un mayor peso que el del paciente" como elemento probatorio.

En la actualidad, Aragón prepara un proyecto de ley similar y Castilla y León, como así ha declarado el consejero de Sanidad, no sólo persigue aprobarla en territorio castellanoleonés sino que tiene intención de plantear al resto de CC.AA y Ministerio del ramo con el fin de extenderla al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Reducción en número de agresiones y afectados

La futura ley es una de las iniciativas que, junto con cursos de formación y la instalación de 'botones antipánico' en los centros, pretende desarrollar la Consejería de Sanidad en Castilla y León para prevenir y luchar contra las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufre el personal sanitario, y ello a pesar de que, como así ha destacado Sáez Aguado, tanto el número de episodios de este tipo como el de trabajadores afectados se ha visto reducido en un 6 y un 9 por ciento, respectivamente.

Y es que, si en 2011 fueron 351 las agresiones contabilizadas y 226 los sanitarios afectados, en 2012 se registraron 331 y 389 casos, respectivamente. Del total de víctimas, 148 eran facultativos, 135 titulares de enfermería, 66 técnicos de cuidados en enfermería, 21 celadores y 40 personal diverso.

Sin embargo, el consejero ha hecho pública su preocupación tras constatar que del total de afectados 73 son hombres, un 0,85 por ciento del total de la plantilla de Sacyl, y 316 mujeres, el 1,25 por ciento.

Ante esta situación, en vía administrativa se formalizaron 32 peticiones razonadas de incoación de expediente, de las cuales se atendieron 19 y de éstas nueve concluyeron en sanción, cinco archivadas, cuatro suspendidas y una sigue en tramitación, mientras que en vía penal desde 2006 se han sustanciado 119 sentencias condenatorias, de ellas 22 por delito (19 por atentado, una por lesiones, otra por tentativa de agresión sexual y amenazas y otra por robo con fuerza en las cosas).

Una condena de más de tres años de cárcel

A ellas habría que sumar otras cuatro últimas en 2013 por delitos de atentado ocurridos en los años 2011 y 2012, en algunos casos con penas de un año de prisión y otro tipo de sanciones y en uno de ellos, el más penado, con una condena de dos años y tres meses de prisión y el pago de una indemnización de 36.000 euros por una agresión a dos médicos y una enfermera del SUAP de Miranda de Ebro (Burgos) ocurrida en 2009.

La mayoría de los episodios sufridos por el personal sanitario en Castilla y León están relacionados con agresiones verbales, el 82 por ciento en 2012, frente al 18 por ciento de agresiones físicas, si bien en ambos casos el pasado año se contabilizó una reducción del 11 y 16 por ciento, respectivamente.

Con el fin de combatir esta situación, el departamento de Sáez Aguado, amén de la ley anunciada para conferir al personal la condición de autoridad sanitaria, ha dotado ya de 'botones antipánico' al 50 por ciento de los centros de salud y puestos de Atención primaria, a lo que se suman los cursos de formación, de los que en 2012 se impartieron 21 que contaron con la participación de un total de 845 trabajadores.