La recién creada plataforma de afectados por el colapso financiero de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once localidades de Cádiz y Sevilla y en pleno proceso de disolución y liquidación, ha manifestado este martes su respaldo al expediente de liquidación que el próximo 25 de junio será sometido a votación en el seno del pleno de este organismo en vías de extinción. Manuel Ángel Caro, portavoz de la plataforma, ha manifestado a Europa Press que gracias al expediente, las deudas tienen al menos "nombre y apellidos".

El citado expediente de liquidación, como se ha informado, reparte una deuda global de 52.111.873 euros entre los once municipios de la mancomunidad según la participación de cada uno de los ayuntamientos en el organismo que ahora se extingue, toda vez que la citada cifra incluye las deudas de los consistorios con la propia Mancomunidad. En concreto, la Mancomunidad cuenta con una deuda de 43.823.034 euros con sus proveedores, su plantilla y otras administraciones, mientras los ayuntamientos adeudan 8.288.839 a la propia mancomunidad.

Reparto de la deuda

Así, el expediente de liquidación parte de esta deuda global de 52.111.873 euros y, por ejemplo, asigna al Ayuntamiento de Utrera unas obligaciones de pago cuantificadas en 6.528.650 euros, al de Los Palacios y Villafranca una deuda de 5.874.764 euros y al de Lebrija un total de 3.948.658. El pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, de cualquier manera, debatirá y someterá a votación este expediente el próximo 25 de junio a las 18,00 horas.

Mientras el PP ha anunciado ya su desacuerdo con las cifras del expediente de liquidación y su decisión de elevarlo a la Fiscalía, Manuel Ángel Caro, por parte de la plataforma de trabajadores, autónomos y empresarios afectados por los impagos de la Mancomunidad, ha explicado que su organización, que congrega a unas cien personas, respalda la aprobación del expediente de liquidación. "El expediente de liquidación, al menos, pone nombre y apellidos a las deudas y los jueces se podrán dirigir a cada ayuntamiento", ha manifestado.

Los que pagan "el pato"

En ese sentido, ha respaldado la idea de "dilucidar las responsabilidades" del colapso financiero de la mancomunidad, pero ha reclamado que tal extremo "no suponga una paralización" de un procedimiento destinado a resolver los impagos en la medida de lo posible. "Los acreedores no podemos pagar el pato de todo esto", ha señalado. Igualmente, ha hecho un llamamiento a todos los extrabajadores de la Mancomunidad y los empresarios y autónomos afectados por los impagos, al objeto de celebrar una concentración "masiva" el próximo 25 de junio con motivo del pleno de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. "Es necesario que nos vean las caras", ha enfatizado.

Fue precisamente en junio de 2012, cabe recordarlo, cuando el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir acordó iniciar el trámite correspondiente a su disolución y posterior liquidación. El documento relativo al "acuerdo inicial de disolución y correspondiente plan de liquidación", aprobado por el pleno de la Mancomunidad y recogido por Europa Press, desgranaba en ese sentido la "grave crisis" de este organismo y resolvía su desaparición porque "no es posible que ahora ni en un futuro próximo cumpla ninguno de los fines para los que fue creada" la institución.