La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública asegura que "la deuda de la Generalitat Valenciana con las universidades públicas de la Comunitat se sitúa en alrededor de los 1.000 millones de euros, lo que imposibilita el normal desarrollo del trabajo universitario de docencia e investigación y todavía más cualquier política de mejora de su calidad".

"El incumplimiento por parte del Consell de sus obligaciones periódicas de pago ha provocado ya numerosos problemas de tesorería a las universidades, pone en peligro el pago de las nóminas del personal universitario y de los compromisos con proveedores y amenaza gravemente la continuidad en la prestación del servicio público de la Universidad", advierte el colectivo en un comunicado.

En este contexto, la plataforma exige a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central que "rectifican y retiren sus políticas, que no pretenden resolver la crisis económica, sino deteriorar el sistema público de educación superior, en beneficio de la iniciativa privada, y atentar contra nuestros derechos fundamentales".

Asimismo, reclama a de los equipos rectorales de las universidades públicas valencianas "una mayor firmeza frente a los poderes públicos en defensa de la universidad pública, democrática y de calidad que hemos construido durante décadas".

En opinión de esta entidad, "el Gobierno del PP pretende, con la excusa de la crisis, llevar adelante un ataque sin precedentes a la universidad pública". "Este proceso —prosigue— ya se ha comenzado con el denominado 'Informe de los expertos', que propone toda una serie de medidas que supondrían, caso de ser llevadas a la práctica, cambios estructurales en el modelo de Universidad pública que se ha consolidado desde la transición democrática a través de gobiernos de diferente color político".

Más universidades privadas que públicas

Desde el colectivo agregan que "la orientación de esta contrarreforma universitaria pasa fundamentalmente por la mercantilización de la universidad, su sometimiento a los intereses económicos, la supresión de la democracia en su gobierno interno y la apuesta clara por las universidades privadas". En este punto, apuntan que "no es nada casual" que el curso próximo existirán en la Comunitat Valenciana "más universidades privadas que públicas, con todo el apoyo y las bendiciones de la Generalitat".

"El modelo que se propone desprecia abiertamente la actividad docente. Esto es contradictorio con la declaración que la Universidad se debe a la sociedad. No hay ningún interés del Gobierno por incrementar la calidad docente y cuando se plantea esta cuestión se asocia la supuesta calidad de la docencia sólo con el valor de los títulos universitarios para el mercado laboral. La investigación, a su vez, se quiere totalmente sometida a criterios mercantilistas y a su utilidad para el mundo empresarial", insisten.

"atacar la autonomía"

En la misma línea, denuncian que el Ministerio de Educación "pretende atacar el modelo de autonomía y de participación democrática en la gestión de las Universidades apostando por el intervencionismo de los gobiernos autonómicos, la injerencia de agentes externos a la comunidad universitaria y la liquidación de la democracia interna de las universidades". "Un modelo particularmente rechazable en su propuesta de reducción al mínimo de la participación de la estudiantado y del Personal de Administración y Servicios".

Por otro lado, critican "la política de fuerte aumento de las tasas universitarias, de reducción de las becas y de imposición de criterios muy restrictivos para su concesión está expulsando de la Universidad pública a muchas personas, provocando su exclusión de la enseñanza superior por razones económicas".