El juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba sobre los supuestos abusos sexuales y malos tratos a personas con discapacidad psíquica en la congregación de la Cruz Blanca en la capital cordobesa se retoma este martes con los informes finales y se prevé que quede visto para sentencia tras las cuatro sesiones a puerta cerrada de la semana pasada.

En concreto, los tres acusados, dos franciscanos, entre ellos el hermano Manolo, quien se enfrenta a más de 20 años de prisión, y un exempleado, han declarado ante el juez que los hechos "no son ciertos" y han negado "rotundamente" que los cometieran. El abogado del extrabajador procesado, Luis Roldán, ha manifestado que los tres se han declarado "inocentes" y partes de los empleados sostienen que el móvil de la denuncia es "la venganza", porque "había dos facciones", una pro hermano Manolo —el principal acusado— y otra en contra.

Asimismo, ha prestado declaración una testigo protegido que tiene "interés manifiesto", según el letrado, quien apunta que la familia contra el hermano Manolo ha iniciado "una historia sin prueba ni fundamento", motivo por el que su cliente ha mostrado su "indignación e incredulidad" por estar acusado. Además, otro testigo ha realizado una declaración "absolutamente exculpatoria".

En cuanto a las palabras del hermano Manolo ante el juez, el abogado ha comentado que es "una persona volcada muchos años con la institución en Córdoba" y ha negado cualquier "gesto brusco" con los residentes, de modo que al procesado le han sorprendido "las acusaciones" de la denuncia que parte de "trabajadores con los que tuvo puntualmente algún problema porque les había recriminado", y ante ello "se había creado un grupo de enemigos dentro". Mientras, su cliente y el tercer acusado, otro franciscano, tenían "buena relación" con Manolo y por ende estaban posicionados en su parte, según relata el abogado.

Debate entre los peritos

Al respecto, los peritos que realizaron las pruebas ordenadas por el juzgado de Instrucción en la causa de la Cruz Blanca han ratificado sus informes de manera "muy explícita y han aclarado dudas" en torno a la comisión de los supuestos malos tratos y abusos sexuales a personas discapacitadas de la congregación; aunque los peritos, a instancia de la defensa, han demostrado que supuestamente no se produjeron tales hechos.

Así, los primeros peritos han ratificado las exploraciones que realizaron a las víctimas "tratando de arrojar luz para llegar a dar por probado los hechos", según ha informado a los periodistas el fiscal del caso, quien ha detallado que han realizado los informes con "dificultad extrema dadas las cualidades y características de estas personas totalmente discapacitadas", por lo que el trabajo es "más arduo, laborioso y más metódico", y, a su juicio, el informe de la defensa "ciertamente mantiene unas tesis tratando de explicar determinados supuestos fuera del área delictiva".

Al respecto, el abogado del extrabajador procesado ha destacado a los periodistas que las periciales han sido "buenas" con estudios "absolutamente favorables a que no hay ninguna prueba que se pueda deducir que los afectados dicen la verdad, por su alto grado de sugestionabilidad", de modo que "por una serie de razones no hay forma de poder decir que son creíbles las manifestaciones de las víctimas", que recuerda que "cambian de opinión constantemente".

En definitiva, defiende que en esta situación "no se puede concluir con un mínimo grado de convicción" sobre los hechos y parte de las pruebas periciales no pueden servir para "destruir el principio de presunción de inocencia", ha apostillado, para argumentar que si se tiene en cuenta que "las acusaciones de los abusos sexuales no han sido presenciados por ningún testigo y son meras manifestaciones" de los afectados, "se puede llegar a la conclusión que no hay prueba alguna que sustente la acusación, respecto a los abusos sexuales".

En cuanto a los malos tratos, "algunos testigos observaron algunos comportamientos", si bien sobre los abusos sexuales "no hay prueba ninguna", ha subrayado el letrado, quien ha comentado que las pruebas realizadas a instancia de parte se han hecho por videos del centro, a lo que añade que "si se cree a la víctimas se puede considerar que hay delito, pero algunas de las víctimas que se le ha hecho exploración han dicho justamente lo contrario de lo que dijeron en la exploración anterior". Por tanto, "la única prueba que tienen las acusaciones respecto a los abusos sexuales son los testimonios de los afectados" y respecto a su cliente "no hay ninguna prueba para acusarle de nada", ha zanjado el abogado.

Los trabajadores y las víctimas

Los trabajadores de la congregación de la Cruz Blanca en Córdoba que han declarado el miércoles ante el juez, citados por el Ministerio Público, han ratificado los hechos de los que se acusa a los dos franciscanos y el exempleado, algunos de los cuales "han tenido algún problema" con el hermano Manolo en la congregación, entre ellos supuestamente se encontraba el presunto autor de la denuncia y otro que había sido amenazado de despido como consecuencia de la gestión que realizaba en su puesto de empleo, según fuentes judiciales.

De este modo, parte de las personas discapacitadas de la congregación, que supuestamente sufrieron malos tratos y abusos sexuales, han declarado ante el juez que sí se produjeron los hechos, aunque otros caen en contradicciones, incluso algunos de ellos desmienten tales acusaciones a las que se enfrentan los tres acusados.

Los hechos

La Fiscalía Provincial solicita para el hermano Manolo, que dirigió la residencia hasta 2010, una pena de 20 años y seis meses de cárcel por la supuesta comisión de diez delitos de maltrato y tres de abusos sexuales; al tiempo que también acusa de abusos sexuales a otro franciscano y un excuidador nocturno, que se enfrentan a tres y seis años de prisión, respectivamente.

Al respecto, el Ministerio Público sostiene que el hermano Manolo, entre los años 2007 y 2010, "ha venido utilizando de un rigor innecesario a la hora de corregir las distintas conductas de los residentes" y, "de hecho, ha venido agrediendo de forma habitual" a los mismos. En este punto, el fiscal relata supuestos guantazos, tirones de pelo y diversos golpes.

Igualmente, describe en su escrito supuestos tocamientos en las partes íntimas de algunos residentes y apunta que "a todas sus víctimas les decía que tales hechos eran un juego y les aleccionaba de que si decían algo los echaría del centro".

Cabe destacar que la causa se abrió en 2009 tras una denuncia anónima ante la Policía Nacional y la propia Fiscalía. Entre las declaraciones que se tomaron, la Policía interrogó a la madre de la presunta víctima, así como al propio padre Manolo al ser el responsable de la orden en Córdoba, quien rehusó hacer más comentarios sobre este asunto.

El juzgado de lo Penal 3 de Córdoba ya condenó en junio de 2010 a cinco años de cárcel a un voluntario y aspirante a entrar en la congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca en Córdoba por cometer tres delitos de abusos sexuales sobre un interno que padecía un 86 por ciento de minusvalía. El condenado, A.C.U.P., aceptó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la defensa y la acusación particular y evitó así la celebración del juicio.