La portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, junto al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Juan José Marmolejo; el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Trebujena, Jesús Sánchez, y el portavoz del equipo de Gobierno del PP en Chipiona, Agustín Lorenzo, ha anunciado que llevará la "nefasta gestión" de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades políticas.

En un comunicado, el PP asegura que la deuda, que el informe de liquidación cifra en algo más de 43 millones de euros, es "muy superior puesto que en el mismo no se incluyen muchas cantidades, como la deuda de más de siete millones con la Seguridad Social o los diez millones de las ayudas de los Fondos Feder".

Asimismo, la dirigente 'popular' ha lamentado que, tras llevar el PP una iniciativa al Parlamento andaluz sobre la situación de este ente y lograr que el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se interesara por el tema, el resultado haya sido "un informe ficticio de la situación actual que presenta el ente. Para esto ha servido la intervención de la Junta en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir", sentencia Mestre.

La portavoz del PP de Cádiz asegura que todo esto pone de manifiesto que "el PSOE monta y desmonta administraciones a su antojo en función de los intereses de su partido y de sus dirigentes".

El PSOE, durante los 25 años que ha estado al frente de esta Mancomunidad, "ha jugado con el dinero público y esa irresponsabilidad repercute ahora de manera directa en los ciudadanos, que son los que van a tener que pagar la nefasta gestión y la incapacidad de los dirigentes socialistas al frente del ente mancomunado del Bajo Guadalquivir".

A su juicio, "el PSOE quiere echar el cierre con premeditación y alevosía presentando unas cuentas que no cuadran, ya que en el informe de liquidación presentado hace unos días hay muchas cantidades que no se contemplan".

Mestre ha recordado que el PP ha venido reclamando que se hiciera una auditoría externa y una fiscalización de la Mancomunidad por el Tribunal de Cuentas desde que hace diez meses se decidiera en Pleno la disolución del ente.

Mestre explica que la gestión ha sido "nula" y ha habido una "incapacidad manifiesta" de gestión y control del dinero público. El resultado de todo esto ha sido que "no están los proyectos, pero tampoco el dinero, y la principal consecuencia es que van a tener que pagarlo los 272.957 habitantes de esta comarca", apostilla.

Por último, ha lamentado el "silencio" de Irene García en todo este proceso y le ha reprochado, como alcaldesa y secretaria general del PSOE, "su falta de crítica e insolvencia sobre las consecuencias de la nefasta gestión de su partido al frente del ente mancomunado".